El PP denuncia el “incumplimiento sistemático” por el Gobierno de la Ley de Transparencia

La diputada autonómica del Grupo Parlamentario Popular Begoña Martínez, ha denunciado este miércoles “el incumplimiento sistemático de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la de Cuentas abiertas por parte de la Consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030”.

“Pese a que la Ley ordena que la información debe publicarse de forma permanente, periódica y actualizada, en el Portal de Transparencia está desactualizada, sin datar y los enlaces no funcionan”, ha señalado.

Martínez ha realizado estas afirmaciones durante una rueda de prensa en la que se ha referido a “nuevas evidencias de la opacidad con la que de manera reiterada viene actuando el Gobierno de Concha Andreu”.

Respecto a la Ley de Cuentas Abiertas, aprobada por unanimidad en la pasada legislatura, ha recordado que es “la ley más abierta y transparente del país”, que proporcionaba el saldo global de cada cuenta del Gobierno, todos los movimientos y enlazaba con la ejecución presupuestaria “para comprobar todo el recorrido del gasto público, desde que se presupuesta hasta que se ejecuta”. Hoy, la web de cuentas abiertas “solo facilita el saldo de las cuentas. Una información que carece de calidad y de utilidad para la ciudadanía”.

Para Martínez Arregui, “este Gobierno no tiene ningún interés en proporcionar datos y mucho menos que puedan reutilizarse” y la consecuencia de la falta de información “es la ocultación de la realidad de la gestión del Gobierno”.

La diputada ha indicado que “la única referencia” de la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, en su balance de dos años, sobre transparencia fue el Observatorio de Precios Agrarios, lo que demuestra que “no hay nada que corrobore la mejora de la calidad democrática que anunciaba cuando tomó posesión”.

Igualmente, ha señalado que, “del millón de euros de presupuesto con el que cuenta la Dirección General de Transparencia para este año, ocho meses después solo se ha gastado en amueblar la sede de la Dirección General, poner vinilos con el nombre del director, comprar una cámara de videoconferencias y encargar un estudio sobre la información pública a una empresa vasco catalana”.

La responsable de transparencia, la consejera Raquel Romero -ha señalado Martínez- “vulnera continuamente el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública” y “desacata los principios generales que deben regir su actuación”, según la ley estatal.

Según su criterio, “la negligencia e incumplimiento de sus funciones, así como que no satisface el interés de los riojanos sino el suyo propio, puede dar lugar a una infracción”, por lo que ha apelado al consejero de Administración Pública para que inicie un procedimiento sancionador y que sea el propio Gobierno “el que determine si la infracción es o no es grave y proceda a sancionarla; con la destitución, si es preciso”.

Para finalizar, la diputada ha subrayado que el Gobierno “necesita ya pasar de la transparencia cosmética a un comportamiento transparente”.