El usuario no gana con la 'liberalización' de la luz y el gas

La OCU ha realizado un análisis del estado actual del sector gasista y eléctrico y de las novedades que el Gobierno implantará a partir del año 2008, para el gas y de 2009, para el sector eléctrico con el objetivo de dar un impulso a la, de momento, poco efectiva liberalización energética.

El principal cambio para el usuario será la elección de una comercializadora de gas, cosa que tendrá que hacer antes del 1 de julio de 2008 (la tarifa del gas desaparece en esta fecha y será substituida por la “tarifa de último recurso”). Si no se toma la decisión, automáticamente se transferirá el contrato con la comercializadora de la misma distribuidora que esté proporcionando el gas hasta el momento. Respecto a la electricidad, la fecha clave será el 1 de enero de 2009. Para entonces todos los consumidores deberán tener firmado un contrato con una comercializadora, la tarifa regulada desaparecerá y se sustituirá por la “tarifa de último recurso”. El importe de esta tarifa, que será establecida por el Ministerio de Industria, será el mismo para todo el territorio nacional.

La OCU insiste en que el bolsillo del usuario no ha notado la liberalización en el sector del gas y la electricidad. De hecho, observa que han sido pocos los usuarios que se han cambiado de la compañía que tradicionalmente les suministraba el gas (un 37%) y, menos aún, un 9%, aquellos que se han animado a cambiar de compañía eléctrica (algunos de ellos de forma inconsciente).

Estos porcentajes se explican por el “irrisorio ahorro medio” que un consumidor puede obtener al cambiar a una de las tarifas más interesantes de gas del mercado: sólo 12 euros anuales. En el mercado eléctrico la situación es aun peor ya que en la actualidad tan sólo Naturgas (opera sólo en el País Vasco) ofrece sus servicios como comercializadora a los clientes residenciales.

A juicio de la OCU es imprescindible que este interés por incentivar la competencia no se haga a costa de los consumidores y para ello cree que es fundamental que el Ministerio fije unas tarifas de último recurso lo suficientemente reducidas.

Finalmente, la OCU denuncia no sólo “la presión ejercida” por las compañías eléctricas para que las tarifas reguladas suban sino también que los cambios que se avecinan en el sistema tarifario “no son nada interesantes” para el consumidor particular.

A juicio de la OCU, además, las cosas pueden ir a peor: la nueva tarifa de discriminación horaria penaliza en exceso el consumo diurno y no considera los fines de semana dentro del periodo “valle”; la penalización por consumo podría perjudicar a las familias numerosas; y el precio del alquiler de los nuevos contadores sufre un exagerado aumento (un 50%) que nuevamente tendrá que pagar el consumidor, cuando ya se paga a través del concepto de mantenimiento.