Jueves 5 de Agosto de 2021Actualizado 23:38

El 16 de febrero de 2021

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Investigada la mitad de la corporación de San Vicente de la Sonsierra por prevaricación

La alcaldesa, que declara este miércoles en el Juzgado como investigada, anunció su dimisión hace unos días "por motivos personales".

Alcaldesa San Vicente de la Sonsierra

Rioja2

Dos concejales del Partido Popular, dos concejales del PSOE, el Secretario Interventor del Ayuntamiento y la recién dimitida alcaldesa de San Vicente de la Sonsierra declararán este miércoles ante el Juzgado número 2 de Haro como investigados por un presunto delito de prevaricación.  

La denuncia, interpuesta por el Partido Riojano que cuenta con un concejal en la localidad, apunta la existencia de varios contratos de arrendamiento de parcelas rústicas de propiedad municipal a particulares, señalando además que la mayor parte de esos contratos se realizaron con "personas directamente/familiarmente relacionadas con miembros de la corporación e incluso en varios de ellos son miembros de la corporación los beneficiarios".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso en exclusiva Rioja2, se señala como titulares de estos contratos a la esposa y el cuñado del anterior alcalde o a los padres e hijos de los tenientes de alcalde actuales entre otros, "aglutinando uno de ellos hasta 9 hectáreas de terreno municipal valoradas en 350.000 euros".

Se trata de una denuncia penal por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito de malversación de caudales públicos. Se acusa en concreto a María Isabel Bañares (PP), alcaldesa hasta el pasado 25 de enero cuando presentó su dimisión por motivos personales,  por ser alcaldesa y teniente alcalde "en el momento de la contratación y en el que debieran haberse revocado los contratos".

Junto a ella tendrá que declarar también Ramón Ramírez, alcalde en funciones y anterior teniente alcalde como "favorecido directamente o familiarmente por las adjudicaciones". En la misma condición de investigado y presuntamente "favorecido personal o familiarmente" declarará José María Pérez, también concejal popular. 

En el listado de investigados también dos concejales socialistas que votaron a favor de estas adjudicaciones, Ricardo Lara y Emilio Ibáñez. A ambos se les atribuye en la denuncia un delito de prevaricación administrativa (en este caso no continuado como los anteriores) y un delito de malversación. Según consta, ambos "apoyaron expresamente los arrendamientos y votaron a favor". 

Por último, la sexta persona que tendrá que declarar como investigado es el Secretario Interventor del Ayuntamiento de San Vicente, David Esteban, al que se le acusa de ser cooperador necesario para la comisión de los citados delitos. 

Los hechos: 

Según señala la acusación, estos hechos se vienen produciendo desde el año 2017, "siendo contrataciones nulas de pleno derecho han sido elevadas a pleno basadas en un informe de secretaría". Se explica en el relato que a lo largo de los años, y siempre con la corporación municipal compuesta por los mismos miembros, "se han venido realizando estos arrendamientos, en la mayor parte de las ocasiones sin existencia siquiera de expediente administrativo o acuerdo plenario y siendo en diversas ocasiones los propios miembros de la corporación, sus esposas, hijos o parientes próximos los beneficiados, como son los casos significativos de la esposa y cuñado del entonces acalde, el padre del Teniente de Alcalde o los hijos del otro teniente de alcalde".

Señalan además los demandantes que en todos los casos se han aportado "justificaciones falsas", que las parcelas no se arriendan a colindantes ni se arriendan respetando el valor o precio mínimo del 6% del valor. Aseguran también que el arrendamiento no se realiza a agricultores profesionales si se limitan las explotaciones. "Hay miembros de la corporación que a través de sus hijos llegan a disponer de prácticamente 9 hectáreas de terreno (90.000 metros cuadrados) cuya volarión mínima conforme a los criterios de valoración de la Comunidad Autónoma de La Rioja sería de unos 350.000 euros (30.000 euros la Hectárea de viña), cuando el arriendo se le realiza por menos de 2.500 euros al año". 

Llegan a afirmar incluso que uno de los hijos de un teniente alcalde ha plantado 3,5 Hectáreas de viña, siendo 2,5 de ellas eran de propiedad municipal, es decir, "más del doble de las poseídas por él lo son a costa de las arcas y bienes muncipales". 

Las seis personas investigadas comparecerán este miércoles en el Juzgado de Haro a partir de las 10,50 horas, con citaciones cada 20 minutos.

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