La Junta de Personal del Ayuntamiento de Haro exige “medidas de protección”

Los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Haro y los delegados y delegadas sindicales de UGT, CSIF Y SPPME, a lo largo de la crisis sanitaria generada por la COVID 19, han solicitado “que se tomen medidas para la adecuación del servicio que debe dar el ayuntamiento”.

“En numerosas ocasiones hemos pedido que se tomaran medidas para la adecuación del trabajo del Ayuntamiento al contexto actual, como la coordinación del trabajo con cita previa, la adecuación de espacios para no coincidir demasiadas personas en zonas reducidas o la realización de test, si fueran necesarios, ante casos de positivos de personas de la plantilla, con el objetivo de proteger tanto a la ciudadanía como al personal del Ayuntamiento”, han señalado.

“También se ha solicitado que se regulara el teletrabajo para poner al mínimo personal en riesgo, pero no se ha llevado a cabo hasta ahora. Solo se recurre a esta medida cuando el trabajador en cuestión se ve obligado a confinarse en casa”, han añadido.

Pero destacan que “el consistorio no ha atendido las solicitudes realizadas por los trabajadores, pese a que el propio plan de prevención del Ayuntamiento establece sobre la actividad de oficinas que 'Permanecerán en el centro de trabajo únicamente aquellos trabajadores cuya presencia física sea estrictamente necesaria y cuya actividad no pueda realizarse por vía telemática. Se valorará la adopción de opciones mixtas para aquellas actividades que no requieran una presencia continua en el centro de trabajo”.

Por otro lado, han detallado, “la Policía Local ha solicitado que se faciliten EPIs suficientes y adecuados para la realización de su trabajo. En cambio, estos equipos de protección están guardados y no están siendo repartidos a los agentes cuando los requieren”.

“También hemos tenido conocimiento de que ha habido casos confirmados de coronavirus en el Ayuntamiento, que no han sido debidamente informados a los delegados de prevención, pese a que el plan también establece que 'La consulta y participación de los representantes de los trabajadores en aquellos aspectos o medidas que atañen directamente de alguna forma u otra a los trabajadores'”, han destacado desde la Junta.

Otra de sus críticas se refiere a que “no se han realizado adecuadamente los protocolos de actuación ante la sintomatología del Covid, que indican ”la necesidad de que las personas que enfermen o que se conviertan en contactos estrechos no acudan al centro de trabajo“. También señalan con respecto a los trabajadores ”No acudir al centro de trabajo en caso presentar sintomatología… tos, fiebre, falta de aire, debiendo permanecer en su domicilio y consultar a los servicios sanitarios/servicios de prevención/mutuas'“.

En este sentido, explican que “el pasado 19 de enero un miembro de la plantilla de la Policía acudió con síntomas a su puesto de trabajo. Ante esta situación, se le solicitó que dejara el puesto y se autoconfinara, como exponen la normativa vigente y el propio plan de prevención, a expensas de que llamase al Servicio Riojano de Salud. Tras la negativa por parte del trabajador de volver a casa, estos hechos se pusieron en conocimiento de la Corporación mediante un escrito. No fue hasta al día siguiente cuando le dieron la orden de irse a casa. El 23 de enero, con una PCR de resultado negativo pero mostrando síntomas, volvió a su puesto de trabajo para la realización de horas extraordinarias, sin guardar el correspondiente periodo de cuarentena”.

“Posteriormente, fue ingresado en el hospital, habiendo dado en ese momento positivo en coronavirus. Todo este proceso supuso un riesgo para la salud de los compañeros y compañeras del Ayuntamiento que estuvieron en contacto con este trabajador”, concluyen.

Ante el “silencio de la Corporación por lo acontecido y sin respuesta al escrito presentado por los delegados sindicales de policía de los tres sindicatos (UGT, CSIF, SPPME), se convocó una Mesa General de Negociación, que fue suspendida por la Corporación de forma unilateral”.

Tras todo lo expuesto, desde la Junta se ha indicado que “el máximo garante de la protección de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Haro es el propio Ayuntamiento, que tiene que tomar todas las medidas que estén en su mano para la protección de los mismos”.