La campaña de PCR entre los temporeros ha detectado 35 positivos

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, ha acudido a visitar la vendimia en viñedos de Arenzana de Abajo para conocer el trabajo realizado por la organización profesional agraria ARAG-ASAJA en la implementación de los protocolos para unas campañas agrarias seguras.

Hita ha estado acompañada por el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, y el secretario general de la organización, Igor Fonseca. En la recta final de la vendimia, Hita ha incidido en “la concienciación sobre las medidas de protección individuales y colectivas para finalizar la recogida de la uva con las máximas garantías sanitarias. Cada gesto es importante. No podemos bajar la guardia. Debemos aplicar las tres ‘emes’: mascarilla, manos y metros”.

En el transcurso de la visita -a la que también han acudido la directora general de Agricultura, María Jesús Miñana, y la directora general de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, Nuria Bazo-, la consejera ha informado de que el Gobierno de La Rioja ha realizado hasta la fecha 1.661 PCR a trabajadores temporales agrarios desplazados y se han detectado 35 positivos, lo que supone un 2 por ciento de positivos del total de PCR realizadas en este colectivo.

Hita ha resaltado que “en estos últimos días de recogida de la uva, se debe mantener el esfuerzo extraordinario que ha realizado el sector agrario en su conjunto para que la vendimia se complete garantizando la salud pública y la continuidad de la actividad económica en la región”. En este sentido, ha subrayado: “no podemos ni debemos descuidarnos, porque la situación epidemiológica general exige nuestra máxima responsabilidad individual y colectiva. Debemos mantener una actitud proactiva y vigilante”.

Con los costes de producción de la uva tinta y blanca publicados por la Consejería de Agricultura para aportar una referencia para las transacciones comerciales, Hita ha abogado nuevamente por “el equilibrio en la cadena alimentaria para que todos los agentes perciban la contraprestación en precio del valor que aportan” a lo que contribuirá la nueva Ley de la Cadena Alimentaria en tramitación.

Esta ley, que traspone la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, “aportará seguridad jurídica para fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderos, dotar de mayor transparencia la formación de precios en el conjunto de la cadena y fomentar un reparto justo del valor añadido”.

En este sentido, ha asegurado: “reivindicar el reparto justo del valor añadido en la cadena alimentaria a través de unos precios justos es una responsabilidad que todos los actores debemos asumir, también las organizaciones profesionales agrarias en la defensa de los intereses de sus asociados como asunto vital que es para la rentabilidad del sector”.

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, y el secretario general de la organización, Igor Fonseca, han agradecido el compromiso del sector en la seguridad sanitaria en las campañas agraria. Asimismo, han enfatizado la necesidad de que se corresponda en precio a los agricultores por el esfuerzo de una vendimia más cara por la inversión en prevención en cumplimiento de las medidas frente a COVID-19 y en un año complicado meteorológicamente, que ha supuesto un mayor gasto en tratamientos, lo que ha aumentado los costes de producción de la uva en la presente campaña.

La nueva Ley de la Cadena Alimentaria recoge el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, la obligatoriedad del contrato escrito y la prohibición de la venta a pérdidas. Hita ha señalado que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) será la entidad encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la nueva Ley de la Cadena Alimentaria. Y ha apuntado que “en este momento se está consensuando el plan de controles a futuro de la cadena alimentaria entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas”.

Hita ha instado a los “agricultores y ganaderos a asociarse y aumentar su dimensión para fortalecer sus estructuras productivas y comerciales y defender sus intereses y su posición en el mercado, lo que refleja, en definitiva, un medio rural vivo”.