Rioja2

Viernes 15 de Enero de 2021Actualizado 16:55

El 28 de septiembre de 2020

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El Supremo rebaja de 11 a 2 años la pena al profesor del colegio Gaztelueta por abuso sexual de su alumno

El tribunal considera probados los abusos "continuados" al adolescente, hijo del diputado riojano Juan Cuatrecasas  

Chema M.S.

Rioja2/EP

El Tribunal Supremo ha rebajado de once a dos años la pena de cárcel al exprofesor riojano del colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya) condenado por abusar sexualmente de su alumno. El fallo considera probados los abusos "continuados" al adolescente, hijo del diputado riojano Juan Cuatrecasas.

Según ha avanzado Eldiario.es, el alto tribunal entiende que los hechos más graves descritos por la víctima -prácticas sexuales explícitas- no están probados.

Además de los dos años, el exprofesor también ha sido condenado a la pena de prohibición de acercarse a la víctima durante cuatro años y a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, según ha informado el Tribunal Supremo.

La Sala estima de forma parcial el recurso del profesor -vulneración del derecho a la presunción de inocencia-- y excluye de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena --haber instado al alumno a masturbarse en su presencia y a introducirse un bolígrafo en el ano--, al apreciar "una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo" que no puede avalar.

El tribunal, integrado por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que es el ponente de la sentencia, y por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Susana Polo, explica que la víctima describió los tres primeros episodios, consistentes en tocamientos, desde el momento en que decidió contar lo sucedido a sus padres.

Sin embargo, los dos hechos citados no se los contó ni a ellos ni a los diferentes profesionales que le trataron a partir de mayo de 2011, ni a la Fiscalía de Menores en el año en que se siguieron diligencias por acoso escolar, ni ante el Fiscal Superior del País Vasco en 2013, haciéndolo en fecha próxima al 2015 a un psiquiatra, y a partir de ahí los narró en su totalidad en la querella y posterior declaración judicial.

En su sentencia, dictada por unanimidad, la Sala añade que "no se trata de un hecho inicial que luego va siendo objeto de matizaciones, incluso retractaciones, por parte de quien lo narra".

"Estamos en presencia de un menor de edad que sufre abusos sexuales de su preceptor, que narra su realidad y existencia a sus padres y a los profesionales que le asisten cuando ya ha cumplido 15 años y que, finalmente, cuando ya ha alcanzado los 19 años de edad, enriquece su relato con dos hechos de una gran trascendencia penológica, silenciados hasta entonces y que tienen una presencia sobrevenida en la querella criminal que interpone en el año 2015", añade la resolución.

La Sala afirma que la razón de la omisión inicial y la falta de continuidad en el relato de la víctima la obtiene la Audiencia de Bizkaia de las declaraciones del menor, que explicó "la vergüenza y la culpa" que sintió por lo ocurrido, y en el dictamen de los peritos que atribuyen "el silencio a esos mismos sentimientos".

Sin embargo, advierte que la "falta de persistencia en la incriminación" quiebra el "apoyo probatorio" de esos dos hechos y recuerda que fue también la razón que llevó al Fiscal a no incluirlos en sus conclusiones definitivas durante el juicio.

Asimismo, indica que no se vulnera el derecho a la presunción de inocencia por atribuir valor probatorio a la declaración de la víctima que se enriquece con detalles no incluidos en el relato inicial, pero "lo que resulta decisivo, en fin, es la coincidencia en aquellos aspectos nucleares de la narración, sin la cual, el significado incriminatorio de la declaración de la víctima se desvanece".

En este caso, según razona la Sala del TS, esos dos hechos "son algo más que un añadido llamado a completar el relato". La sentencia destaca que es perfectamente posible que un hecho determinante del juicio histórico sea conocido años después de la denuncia inicial.

Tras afirmar que "la verdad no prescribe", asegura en delitos contra la indemnidad de la víctima es "perfectamente posible" que el proceso de maduración del menor vaya aportando "la entereza precisa para el recuerdo de una lacerante vivencia que se ha querido arrinconar en la evocación de lo vivido años atrás".

"Pero lo que resulta indispensable es que esa secuencia añadida muchos años después, cuando la víctima ya ha alcanzado la mayor edad, quede absolutamente probada, tan probada como el hecho inicial. Y la prueba de ese hecho no puede hacerse descansar en una percepción intuitiva de los magistrados ante quienes se ha desarrollado la prueba. No basta la mera convicción de que aquello tuvo que haber pasado para sustentar una condena que asciende a once años de privación de libertad", indica la Sala.

El tribunal mantiene que, para la fundamentación del juicio de autoría, no es suficiente "un acto de fe" del órgano de enjuiciamiento. El TS señala que "no basta con que la versión de la víctima inspire credibilidad", sino que la realidad de los hechos imputados y su atribución al acusado "tienen que ser el resultado de un proceso de valoración probatoria que no reserva espacio para intuiciones voluntaristas".

Asimismo, afirma que "la reprochabilidad que es inherente a cualquier acción penal se hace más intensa cuando se proyecta sobre un niño", pero "ni siquiera en esas circunstancias puede rebajarse el canon impuesto por el derecho constitucional a la presunción de inocencia".

Por ello, considera que "la indignación y la repulsa por unos hechos, por más justificada que esté su compartida extensión, nunca puede actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo".

"Cuando la Audiencia de Bizkaia reconoce que falta el detalle de la vivencia traumática, cuando afirma que ello es así porque el impacto emocional hace explicable hasta que se carezca del recuerdo de esa vivencia y cuando, en fin, los hechos de especial gravedad son narrados muchos años después de la fecha en la que se sitúa su acaecimiento, proclamar sin fisuras que existe persistencia en la incriminación y aceptar la íntegra verosimilitud del relato, es un ejercicio de voluntarismo incompatible con el canon constitucional de valoración probatoria", concluye.

De esta forma, deja sin efecto las penas de prisión e inhabilitación absoluta impuestas por el tribunal de instancia al acusado y le condena como autor de un delito continuado de abusos sexuales a las penas de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Se le condena también a la pena de prohibición de acercarse a la víctima durante cuatro años.

La abogada que ejerció la acusación particular en el 'caso Gaztelueta", Leticia de la Hoz, afirmaba tras conocerse la sentencia condenatoria en noviembre de 2018 que la sentencia dictada contra el profesor que abusó de su cliente "ha hecho justicia" aunque "no hay nada que compense, indemnice y repare el dolor que ha sufrido" el joven alumno, víctima de los abusos del docente cuando era menor.

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