Piden que se reconozca como empleados públicos fijos a todos los interinos en abuso de temporalidad

La Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) ha propuesto en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Parlamento de La Rioja pidiendo que se reconozca la condición de empleados públicos fijos a todos los empleados públicos interinos en abuso de temporalidad, es decir, a todos aquellos que encadenan nombramientos por al menos 24 meses de duración comprendidos en un periodo de 30 meses.

También piden que se les reconozca el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeñan con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera y en idénticas condiciones laborales. La propuesta se ha hecho llegar el 17 de junio a través del correo electrónico habilitado para la participación ciudadana.

Consideran que “esta medida acabaría con la precariedad laboral de miles de empleados de nuestra Comunidad Autónoma expuestos a un despido libre y gratuito tras años de trabajo eficiente y redundaría en la mejora de la calidad de los servicios públicos riojanos”.

“Este será el caso, estos días, de 50 trabajadoras del SERIS, que se verán en la calle sin ningún tipo de compensación después de haber dedicado 15 o hasta 20 años a su trabajo de modo competente. Y a pesar de haber sido reconocidas por su dedicación ejemplar durante lo más grave de la reciente crisis sanitaria del COVID19 con el premio ”Riojanos del año“ este 2020”, señalan.

Explican que el la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE de 19 de marzo de 2020 dictamina que las administraciones públicas españolas incumplen la legislación europea contra el encadenamiento de contratos temporales e insta a remediar esta situación y dar reparación a los trabajadores afectados.

Por todo lo anterior, “consideramos que la estabilización de los trabajadores públicos interinos convirtiéndolos en empleados fijos constituye una obligación legal (la aplicación de la legislación europea, vinculante para el ordenamiento jurídico nacional), y ética (salvaguardar los derechos de los trabajadores, acabando definitivamente con la práctica del despido libre y gratuito, que todavía padecen los empleados públicos interinos), además de una medida necesaria para la mejora en la prestación de servicios públicos básicos, en particular sanidad y educación”.

*Foto de archivo