Las mascarillas seguirán siendo obligatorias durante la nueva normalidad
El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el Real Decreto ley que regulará la situación una vez finalice el estado de alarma, el próximo 21 de junio, en la llamada “nueva normalidad”.
Entre estas medidas, destaca el uso obligatorio de mascarillas para las personas mayores de 6 años. Serán obligatorias en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados donde no se pueda mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros, así como en el transporte público.
El incumplimiento de esta medida será sancionado con multas de hasta 100 euros, siendo las comunidades autónomas y las entidades locales las encargadas de las funciones de vigilancia, inspección y control.
Sin embargo, las restricciones de movimiento o los límites de personas para reunirse desaparecerán.
Los centros de trabajo, incluyendo centros escolares y sanitarios, hoteles o comercios, el Real Decreto establece que deberán adoptar las medidas de higiene y desinfección adecuadas. Esto supone no solo limpieza, sino adaptar los puestos de trabajo y los turnos para garantizar una distancia de seguridad adecuada.
En las residencias de mayores o personas con discapacidad se deberá garantizar la coordinación de estos centros con los recursos sanitarios del Sistema de Salud autonómico. También tendrán que disponer de Planes de Contingencia para la detección precoz de posibles casos.
En los transportes públicos por carretera, ferrocarril o mar será obligatorio respetar el volumen de ocupación establecido. Cuando el asiento sea preasignado, el operador deberá conservar, a disposición de las autoridades de salud pública, la información de los pasajeros.
Más responsabilidades para las Comunidades
Las Comunidades Autónomas recuperarán todas sus competencias en esta nueva normalidad. Los gobiernos autonómicos tendrán la capacidad para decretar que provincias o unidades territoriales superan la Fase III del plan de desescalada, así como adoptar o suprimir las medidas correspondientes a esta fase, salvo las vinculadas a la libertad de circulación entre comunidades.
También serán los responsables de informar cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, así como de seguir aportando los datos necesarios para el seguimiento de la epidemia, entre ellos, los datos de capacidad asistencial y las necesidades de recursos humanos y materiales.
El Gobierno mantendrá el control de los transportes en todo el territorio nacional y el control de la asistencia de público a los estadios y eventos deportivos. El CSD tendrá la capacidad de decidir cuándo y cómo se produce la vuelta de espectadores a los campos y estadios para evitar desigualdades en la competición.
Este decreto establece como una prioridad la prevención y detección de posibles rebrotes hasta que se disponga de fármacos que permitan controlar la enfermedad. Los ministros Illa y Montero han remarcado que este control recae principalmente en la “responsabilidad individual”.
La nueva normalidad permanecerá vigente hasta que el Gobierno decrete el fin de la emergencia sanitaria, algo que ocurrirá cuando exista una vacuna o un tratamiento eficaz contra el virus. Hasta ese momento, el virus “sigue siendo una amenaza”, ha remarcado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
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