Vivienda mira al medio rural y a las personas vulnerables para los próximos programas de ayudas
La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita, y el director general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, Jesús Ángel Zamajón, han participado en la Conferencia Sectorial de Vivienda, convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con representantes de las comunidades autónomas.
En la etapa posterior al COVID-19, “el Gobierno de La Rioja comparte con el Gobierno de España que la política de vivienda debe ser más social que nunca para garantizar la protección del derecho básico a la vivienda y para ser motor de generación de empleo y recuperación económica”, ha asegurado el director general de Vivienda del Gobierno de La Rioja.
El director general de Vivienda, Jesús Ángel Zamajón, ha insistido también en la orientación social de la política de vivienda del Gobierno de La Rioja: “Con la introducción del nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, se permitirá hacer frente a estas situaciones de extrema urgencia. En este momento, nos encontramos trabajando en la modificación normativa necesaria para la implementación de dicho programa, en cuya gestión colaborará el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI)”.
Zamajón ha explicado que, para el Gobierno de La Rioja, en su eje estratégico de la lucha contra la despoblación, la vivienda también adquiere un papel esencial. “Estamos poniendo una atención especial en el medio rural mediante políticas de vivienda orientadas a la fijación de población en coordinación con nuestra actuación en Desarrollo Rural y Reto Demográfico”.
Así, “se trabaja en la elaboración de un censo de vivienda de propiedad pública en la Comunidad Autónoma de La Rioja, para dar a conocer el stock de vivienda disponible por las administraciones de cualquier nivel y comenzar a valorar acciones futuras”.
Ha anunciado que “se estudia dedicar parte de los recursos puestos a disposición por el Ministerio a las comunidades autónomas para el fomento del parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o cesión de uso, en línea con la política armónica y basada en el equilibrio territorial”.
Plan Estatal de Vivienda: Rehabilitación y Acceso a la Vivienda
El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha instado a la cooperación entre las administraciones para sumar recursos y para una política de vivienda coordinada, cuyas prioridades, compartidas con la Unión Europea, serán fomentar la rehabilitación y el acceso a la vivienda, promover la transición energética y las energías renovables, crear ciudades sostenibles y apostar por la digitalización y la innovación.
Saura ha destacado ante los representantes de las comunidades autónomas que la vivienda “es una palanca para la cohesión social y el estado de bienestar, para construir ciudad -un elemento fundamental de la agenda urbana-, para la lucha de emisiones de efecto invernadero y el cumplimiento de los objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible, así como una palanca de la recuperación económica”.
El secretario de Estado se ha referido al Fondo de Recuperación planteado por la Comisión Europea que asciende a 750.000 millones y que previsiblemente supondrá recursos significativos para España.
El Ministerio ha informado a las comunidades autónomas que, desde la consideración de la doble función social y económica que cumple el sector de la vivienda, el Gobierno desdoblará el Plan Estatal de Vivienda en dos planes: un Plan Estatal de Rehabilitación, con objetivos de eficiencia energética, accesibilidad y salubridad, y un Plan Estatal de Acceso a la Vivienda para facilitar la promoción de vivienda asequible en alquiler social y el fomento y mantenimiento del parque público de vivienda.
Ayudas directas al alquiler
Las comunidades autónomas han trasladado al Ministerio las medidas adoptadas en materia de vivienda por la crisis COVID. En relación al trabajo realizado en La Rioja para procurar un paraguas de protección social, el director general de Vivienda ha destacado la ayuda directa para arrendatarios vulnerables por la crisis-COVID-19 con dificultad del pago parcial o total de la renta del alquiler y que se otorga con un máximo de 500 euros al mes y por un plazo de hasta seis meses.
Los beneficiarios que cumplan las condiciones de vulnerabilidad podrán solicitarla hasta el 30 de septiembre. “Hemos intentando preservar las rentas disponibles, de inquilinos y de pequeños propietarios, para que esas rentas puedan cubrir necesidades básicas de consumo, en este contexto de incertidumbre y pérdidas de ingresos, y generar confianza en los hogares”, ha subrayado Zamajón.
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