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La Rioja pide que el reparto de 10.000 millones para sanidad tenga en cuenta la incidencia del COVID-19 en cada región

La Rioja pide que el reparto de 10.000 millones para sanidad tenga en cuenta la incidencia del COVID-19 en cada región

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El Gobierno de La Rioja ha reclamado que los 10.000 millones comprometidos por el Gobierno estatal para gasto sanitario derivado de la crisis del coronavirus se repartan teniendo en cuenta “criterios objetivos” sobre la incidencia que la pandemia ha tenido en los distintos territorios.

Así lo ha explicado la presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, tras participar este domingo en la octava videoconferencia de jefes de los gobiernos autonómicos con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para analizar las medidas impulsadas ante la crisis del COVID-19.

Uno de los principales puntos del orden del día ha sido la explicación detallada, por parte de Sánchez, de ese fondo de liquidez no reembolsable a las comunidades autónomas, por importe global de 16.000 millones de euros, de los que 10.000 millones se destinarán a sanidad, 5.000 a servicios sociales y 1.000 a la activación económica.

Andreu ha abundado en la propuesta de su Ejecutivo sobre el gasto sanitario y ha indicado que “de esta forma podremos contar con los fondos necesarios y acordes a nuestra situación sanitaria real, y no a criterios tradicionales como el número de habitantes”.

Y ha añadido que la petición riojana ha sido “muy bien recibida por el Gobierno de España, que ha considerado que efectivamente el aspecto sanitario era el principal y así lo tendrá en cuenta”.

El otro gran asunto que se ha abordado en la videoconferencia de presidentes es el proceso de desescalada. Andreu ha insistido en que “tenemos que avanzar de forma coordinada, asimétrica y gradual, siempre hacia adelante”.

La presidenta ha recordado que la unidad con la que se trabaja en este proceso de desescalada es la provincia. En el caso de La Rioja, “existe una única área de salud, por lo tanto ir en distintos tiempos en las distintas fases nos obligaría a impedir la circulación de personas entre localidades de la comunidad, algo que no consideramos necesario”, ha manifestado.

Asimismo, el Ejecutivo riojano entiende que las medidas de flexibilidad que se han establecido en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que no tienen restringidas por grupos de edad las salidas, “lo hace menos necesario aún”. 165 de los 174 municipios riojanos están en esta situación.

“Todas las comunidades hemos transmitido que comunicaremos al Ministerio la posibilidad de que en determinadas zonas de cada comunidad haya particularidades que permitan pasar en cada fase”, ha matizado a preguntas de los periodistas, si bien por el momento el Ejecutivo riojano no va a plantear esta cuestión y transitará la desescalada de forma conjunta.

Andreu ha afirmado que “La Rioja esta semana cuenta con datos esperanzadores”, con caída de contagios y aumento de los pacientes recuperados. También ha hecho hincapié en que “siete de cada diez” residentes en centros de mayores “están libres de coronavirus”.

Y ha recalcado que “ahora es momento de mostrar lo mejor de cada uno, de dar positivo en responsabilidad. Y no tengo duda de que así será”.

La presidenta ha mostrado su “alegría, orgullo e ilusión” por la “disciplina social” que ha visto en las calles de los municipios riojanos en estos días. “Lo estáis haciendo muy bien”, ha dicho a los ciudadanos, pero ha vuelto a reclamar “prudencia” en esta desescalada.

“No está permitido trasladarse a segundas residencias, ni salir del municipio si no es para trabajar, y no está permitido salir fuera de las franjas horarias establecidas. La enfermedad sigue ahí, está controlada, sí, pero sigue ahí y no podemos perderlo de vista en ningún momento. Tenemos que evitar cualquier rebrote”, ha subrayado la jefa del Ejecutivo autonómico. “No tenemos que ser más rápidos, sino ser muy seguros”, ha añadido.

ERTE condicionados a incentivos de contratación

En el plano económico, La Rioja ha planteado en la reunión de este domingo la posibilidad de realizar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor ampliables pero condicionados a incentivos de contratación. “El Gobierno central la ha recalcado como una opción viable”, ha puntualizado.

Andreu ha detallado, a falta de los datos del Servicio de Empleo Estatal, que el 89% de estos afectados (unos 19.000 expedientes) van a cobrar ya en mayo el desempleo por estos ERTE. “Una ayuda que se complementará con la aprobacion en el Consejo de Ministros del martes de la movilización del tercer tramo de la línea ICO de créditos a empresas, dotada con 24.500 millones y que beneficiará a pymes, autónomos y al conjunto de empresas”.

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