CSIF asegura que el Ministerio “no ofrece garantías sanitarias suficientes” para la reincorporación de los funcionarios estatales

CSIF ha asegurado este miércoles que la instrucción dictada por el Ministerio de de Política Territorial y Función Pública para la vuelta presencial al trabajo de los 1.227 empleados y empleadas públicos en la Administración General del Estado (AGE) que hay en La Rioja “no ofrece garantías sanitarias suficientes ni criterios precisos de organización ante la desescalada”.

El sindicato exige la realización obligatoria de la prueba diagnóstica PCR “para garantizar que no se producen contagios y preservar así la salud de la ciudadanía que acude a las oficinas de la Administración General del Estado y la de los empleados públicos”.

La AGE cuenta con muchas dependencias administrativas en La Rioja, como la Delegación del Gobierno, Seguridad Social, Demarcación de carreteras, Tráfico, Hacienda, oficinas del carné de identidad, Defensa, etc., ha detallado CSIF, que considera que se debe hacer test “a todo el personal, incluidos los asintomáticos, a los que han estado trabajando como servicio esencial y aquellos que han estado en aislamiento por contagio o sospecha”.

Además, critica, en los puestos de atención al público solo se recomienda disponer de barreras físicas para evitar el contacto; no se garantiza la dotación de guantes y mascarilla ni para el trabajador ni para el público, ni se garantiza la cita previa.

CSIF considera “imprescindible la instalación de mamparas, la limitación de consultas a las acordadas con cita previa y la obligación de proporcionar guantes, mascarillas e hidrogel al público a la entrada de los organismos así como de los EPIs para el personal que les atiende para evitar el riesgo de contagio en ambos sentidos”.

Y añade que en el documento del Ministerio “no se garantiza la implementación de las medidas preventivas, puesto que será cada uno de los departamentos y sus organismos dependientes, dentro de su ámbito organizativo, los que deben adoptar o actualizar sus medidas y actuaciones preventivas”.

CSIF exige “evitar la discrecionalidad en la implementación de las medidas mínimas exigibles para garantizar la protección de la seguridad”.

“Las administraciones públicas deben ser un ejemplo y garantizar por todos los medios la seguridad de la ciudadanía y de sus plantillas”, ha concluido el sindicato.