CSIF pide la destitución de las directoras de los centros CAPDP de Fuenmayor y el CRMF de Lardero

CSIF pide la dimensión fulminante de las directoras del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP) Santa Lucía de Fuenmayor y el CRMF de Lardero por su nefasta gestión en materia de prevención de riesgos laborales en esta crisis del COVID-19 y el grave peligro al que están exponiendo a sus respectivas plantillas.

En este sentido, CSIF critica una circular emitida este lunes por la dirección del CAPDP de Fuenmayor en la que prohibe el uso de bolsas de basura y otros elementos caseros de protección personal que se habían procurado los trabajadores ante la falta de medios proporcionados por la dirección del centro y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja de quien depende.

En la nota, también se prohíbe el uso de material no homologado como EPIS, cuando gran parte de los equipos que facilita la dirección de este centro tampoco cuenta con la homologación correspondiente.

La misma directora reunió a la plantilla para decirles que “no quiere a nadie disfrazado por el centro”, en alusión a los elementos de protección personales que algunos trabajadores han tenido que procurarse por su cuenta.

El Santa Lucía de Fuenmayor puede atender a un centenar de residentes para lo que cuenta con alrededor de 150 trabajadores, entre empleados públicos y trabajadores de empresas externas, que siguen sin disponer de los equipos necesarios para protegerse y, al mismo tiempo, evitar contagios entre los usuarios.

“Aunque ha ido llegando algo más de material al centro, las condiciones en las que estos empleados se ven obligados a trabajar no son precisamente las más óptimas”, señala el sindicato. No olvidemos que estos residentes, por sus características especiales, son personas que requieren un contacto muy directo y a veces estrecho con los trabajadores.

En las habitaciones con internos en aislamiento, los trabajadores entran con mascarilla FPP2, gorro, guantes y pantalla reglamentaria. “Este equipo está bien pero no las batas quirúrgicas de las que disponen que son poco o nada eficaces frente al coronavirus”, consideran. CSIF demanda buzos y calzas necesarios para su función.

El resto de la plantilla, tiene que trabajar todo el día sólo con pantalla, guantes y mascarillas quirúrgicas que y “estas últimas no son eficaces como medida de protección frente al virus”.

“En las duchas, aseos diarios y las comidas, utilizan un delantal de plástico que desinfectan con agua y lejía para que les pueda servir durante cuatro o cinco días”, denuncia CSIF.

Situación en el CMF de Lardero

El sincidato apunta que la situación en el CRMF de Lardero es similar. Como es sabido, este centro acoge ahora a personas que han dado positivo por COVID-19 y que necesitan pasar una “cuarentena”, antes de su alta definitiva. Es decir, pacientes capaces de contagiar a otras personas.

“El medio centenar de trabajadores de este centro no disponen de los EPI adecuados para manejar diverso material posiblemente contaminado como ropa sucia o los restos de las comidas”, señala la central sindical.

CSIF señala también que sólo se les ha dotado de guantes desechables, batas de tul verde (las llamadas quirúrgicas), mascarillas de papel y, en el mejor de los casos, unos guantes de veterinario (hasta el hombro). “Los trabajadores se han procurado unos delantales confeccionados por ellos mismos con bolsas de basura”, añaden.

La directora del CRMF de Lardero, “que come en este centro todos los días a costa del erario público, obliga a los escasos trabajadores de su plantilla a que le frieguen la vajilla y cubiertos de su servicio, bajo la amenaza de abrirles un expediente si se niegan a hacerlo”.

CSIF destaca la entrega de estos trabajadores que afortunadamente permanecen unidos y trabando sin escatimar ningún esfuerzo para seguir adelante, sabiendo la importante y arriesgada labor que están relazando, aunque no pueden ocultar su gran preocupación y nerviosismo por las penosas condiciones en las que están desarrollando su trabajo.

Este sindicato ha anunciado que realizará todas las gestiones que sean necesarias para encontrar una solución a su delicada situación, empezando por pedir la destitución de las dos directoras de estos centros.

CSIF también exige al Gobierno que, por sus características especiales, dote a todo el personal de estos centros de los EPI adecuados para realizar su función, y este sindicato no descarta tomar las medidas legales ante la pasividad de las directoras de estos centros.