Domingo 28 de Noviembre de 2021Actualizado 12:22

El 29 de marzo de 2020

Tiempo de lectura: 02:19
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La FER califica las medidas del Gobierno como "nefastas"

Considera que suponen una barrera a la recuperación económica.

Federacion de Empresarios Misión Alimentación y Vino

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La Federación de Empresas de La Rioja (FER) considera la decisión adoptada en el último Consejo de Ministros como "precipitada, gravísima, unilateral, injustificada y de dudosa constitucionalidad, que atenta contra la libertad de empresa y que parece ser adoptada a espaldas de la realidad que viven las empresas y los autónomos españoles por culpa de la actual pandemia".

"No tiene sentido plantear que, una vez se normalice la situación, se volverá a activar la temporalidad cuando por desgracia en muchos casos no habrá ya actividad, y por lo tanto no habrá empleo que salvaguardar. No es cierto que en todos los casos la situación vaya a ser temporal. No se trata de un mero paréntesis en la economía, y por lo tanto la obligación a las empresas de mantener el empleo durante seis meses será en muchos casos imposible de cumplir", afirman desde la Federación.

El colectivo empresarial considera que se está estableciendo una gravísima limitación de las facultades empresariales que son esenciales desde el punto de vista organizativo, poniendo en grave riesgo las posibilidades empresariales de sobreponerse a la actual situación. "Las empresas y los autónomos necesitan poder adaptar su estructura laboral a la situación real, por lo que la obligación de mantener los puestos de trabajo provocará el cierre de miles de empresas y autónomos".

Un ataque a su honorabilidad

Consideran que el establecimiento de plazos, que la propia Administración se ve incapaz de cumplir, ahora se traslada a las empresas y autónomos, que en muchos casos están cerrados y recibirán sanciones económicas por esto. El anuncio de la revisión de oficio de los ERTES y las posibles sanciones ante la consideración por parte de la Administración de que las medidas solicitadas por la empresa en relación al empleo no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, aboca al sector empresarial a una enorme inseguridad jurídica, justo todo lo contrario de lo que se necesita en este momento.

"Este planteamiento, además de denotar un desconocimiento absoluto de la realidad, es un ataque a la figura del empresario y del autónomo, puesto que parece que se le está acusando de querer utilizar este contexto sobrevenido para despedir a miles de trabajadores, cuando la situación actual requiere de todo lo contrario: un esfuerzo conjunto y una unidad sin fisuras para poder salir adelante", protestan.

También critican la falta de consulta del Gobierno a las organizaciones empresariales, pasando por alto el ordenamiento jurídico y la representación de los empresarios. Destacan que la voluntad de empresas y autónomos es, por encima de todo y una vez se supere la crisis sanitaria, sostener la actividad económica y el empleo. Por ello, consideran que las decisiones adoptadas "van en sentido contrario y muestran un desconocimiento de la realidad económica y una desconfianza totalmente injusta hacia el colectivo empresarial español".

Por tanto, la FER reclama al Gobierno de España que reconsidere estas medidas y retome el diálogo con los agentes económicos y sociales para articular medidas que contribuyan a conservar la actividad económica, "que debe ser el objetivo común de todos junto con la superación de la emergencia sanitaria".

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