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Miércoles 3 de Marzo de 2021Actualizado 13:13

8M 2021 Gobierno de La Rioja
El 23 de febrero de 2020

Tiempo de lectura: 08:48
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"En La Rioja no se vive bien, tenemos la pobreza en la puerta de al lado"

Dependencia, pobreza y menores son las prioridades de la Consejería de Servicios Sociales. 

Ana Santos, consejera Servicios Sociales

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Con una dilatada trayectoria política, Ana Santos se puso al frente de la Consejería de Servicios Sociales el pasado mes de agosto. Seis meses después nos recibe en su despacho para charlar sobre los ejes de su consejería. Santos es tajante: la pobreza es una realidad en La Rioja y hay mucho por hacer en este sentido. Combatir la pobreza y hacer realidad la Ley de Violencia de Género son algunas de sus prioridades. 

¿Qué se han encontrado en la Consejería de Servicios Sociales?

Nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando agujeros económicos, sobre todo en lo referente a la Renta de Ciudadanía. Tuvimos que hacer frente al pago de la nómina de tres meses (octubre, noviembre y diciembre), 4,5 o 5 millones de euros, que hubo que obtener a través de partidas presupuestarias de otras partidas sociales, con lo cual otras acciones sociales que podían estar previstas no se pudieron llevar a cabo.

También nos encontramos 263 beneficiarios que tenían que devolver medio millón de euros a la administración por una mala gestión. La administración no perdona deudas, pero conseguimos encontrar la salida legal para modificar la ley y que personas que no tienen ingresos para comer no tuvieran que devolver una media de 2.000 euros cada uno.

Y nos encontramos una consejería en la que no había un rumbo definido. Se realizaban acciones, pero no estaban dirigidas con una meta de justicia social sino asistencialista, no estaban coordinadas. Había duplicidades entre servicios públicos y prácticamente casi todos los servicios están externalizados. 

¿Su intención es revertir esa externalización?

Estamos trabajando en un plan estratégico obligatorio en la Ley de Servicios Sociales que debería haber visto la luz hace diez años, para que ponga orden y evite desigualdades, disparidades y duplicidades. 

Los sindicatos citan ejemplos de servicios privatizados como la Residencia Iregua.

Nuestra intención es recuperar todo aquello que podamos hacia lo público, si bien lógicamente en Servicios Sociales se contempla la colaboración público-privada, que es necesaria porque si no, no se podría disponer de la inversión necesaria para cubrir todo de forma pública, pero sí vamos analizando en cada cosa la duplicidad, dando prioridad siempre al servicio público. 

"No había un rumbo definido en Servicios Sociales"

Otra de las demandas recurrentes es aumentar las plazas en residencias de personas mayores.

Las prioridades de mi consejería son dependencia y personas mayores, pobreza (con la la Renta de Ciudadanía) y menores. En estos momentos hay 1.633 plazas públicas y la inversión que hacemos anualmente son 43 millones de euros. ¿Quiere decir eso que estén cubiertas las necesidades? Ni muchísimo menos.

La Ley de Dependencia ha sido un hito a nivel social, al pasar de un sistema asistencial a un sistema de derechos, pero es una de las áreas que ha sufrido un mayor hachazo durante la crisis. En este momento en La Rioja se invierte menos en dependencia que en 2012. El Gobierno de Mariano Rajoy nunca apostó por la dependencia. En 2012 hubo montones de recortes, que va a costar mucho tiempo revertir.

Tenemos que crear plazas de residencia, pero allá donde sea necesario, de una forma equilibrada para que todos los ciudadanos tengan el mismo nivel de acceso a esas plazas, porque ahora existe un desequilibrio. Hay mucha lista de espera y además desigual. La Rioja Baja puede tener seis meses y La Rioja Alta puede tener dos años. 

Lo mismo pasa con las plazas de centro de día, porque la prioridad de las familias siempre que se puede es permanecer en los domicilios. Nosotros estamos impulsando esos servicios que lo permiten, como la ayuda a domicilio. Este año vamos a intensificar las ayudas que se prestan. Tenemos un proyecto a medio plazo que es igualar la ayuda a domicilio en toda La Rioja, porque ahora dependiendo de la mancomunidad que contrata la ayuda y la localidad donde viva esa persona, el copago es mayor o menor y tienen distinto servicio.  

Aumentaremos subvenciones con entidades para desarrollar programas de prevención de la dependencia y fomento de la autonomía para llevarlos a todas las localidades de La Rioja, para que las personas que no tienen grado de dependencia o lo tienen muy leve puedan recibir un servicio que no es un centro de día, pero que bien organizado pueda permitir que una persona mayor que vive en un pueblo lejano pueda tener cuatro horas de atención diarias. 

También queremos hacer un avance en los servicios sociales de proximidad, que son la puerta de entrada a la atención social y llegan hasta el último pueblo de La Rioja. Vamos a subvencionar a todo el personal al 80%, ya que hasta ahora había desequilibrios y unos estaban al 50% y otros al 100%. Esto va a beneficiar a 55 trabajadores sociales y a los ayuntamientos y mancomunidades. 

En cuanto al envejecimiento activo, hay una franja que va desde personas jubiladas que tienen 60-65 años y están estupendamente de salud, y es necesario que participen socialmente, a los que tienen un grado de dependencia extremo. Hay que potenciar el envejecimiento activo para estas personas. En esta comunidad hay 12 centros de participación activa. Hay que cambiar el chip porque a los mayores más jóvenes les cuesta dar ese paso de acercarse, me gustaría lograr que estos centros no fueran donde se juega al julepe o se hace yoga sino que estuvieran insertos en la comunidad.

Son además una forma de luchar contra la soledad.

Existe un programa, 'Acompañados', donde ya se están haciendo cosas y desde el ministerio se está trabajando en un plan para acompañar en la soledad. Tenemos que extendernos en esas redes comunitarias y dar más pasos en el acompañamiento. Los hogares de una sola persona son muchísimos más, mayoritariamente mujeres, vamos a una sociedad cada vez más envejecida y tenemos que crear convivencia y comunidad.

Esto entronca de forma transversal con el reto demográfico.

Ahí se incluye el programa que este año vamos a desarrollar de prevención de la autonomía porque puede llegar hasta los pueblos más lejanos de la comunidad. Para hacer frente al reto demográfico hay que crear servicios. Hay que mentalizarse de que los servicios sociales no son un gasto, sino una inversión, porque generan empleo y retorna el gasto que se invierte.

Pero también es cierto que hay que planificar porque todas las localidades quieren un centro de día. A veces la solución no viene por ahí, si hablamos de unas zonas alejadas donde una persona no tiene familiares que le puedan atender el resto del día, la solución vendría por la vía de una residencia. También hay que dotar a esos pueblos de un servicio de comedor social. Allí las personas conviven con otras, combaten la soledad y el resto de los vecinos están pendientes si una persona no ha acudido, además de que se genera empleo en bares y restaurantes de la zona. 

"La Rioja es la única comunidad sin Ley de Violencia de Género"

Hay estudios que hablan de un 20% de personas en La Rioja en situación de pobreza o exclusión. ¿En La Rioja se vive bien?

En La Rioja no se vive bien, en La Rioja vivimos bien algunos. Lo que sucede es que pensamos que la pobreza es inexistente. En La Rioja tenemos 64.423 personas en riesgo de pobreza y exclusión en 2018, seis puntos más que en 2017. Estas personas no son personas que viven en la Glorieta, son personas que trabajan, pero son trabajadores pobres. No necesariamente la pobreza va unida a la exclusión social. Una persona puede tener escasos ingresos económicos y estar perfectamente integrada, pero no tiene el mismo acceso a los bienes materiales o culturales que otras. 

Una persona en riesgo de pobreza tiene unos ingresos inferiores a 634 euros mensuales. ¿Cuántas familias tenemos en La Rioja formadas por un matrimonio y un hijo y que son mileuristas? No se identifican como pobres, pero lo son. La pobreza convive con nosotros, la tememos en la puerta de al lado. 

Hay un dato que me preocupa mucho: la pobreza severa. Esto supone tener ingresos inferiores a 355 euros al mes y en La Rioja afecta a 19.000 personas, un 6% de la población. Triplicamos esta tasa en relación a otras comunidades. Se cronifica la pobreza, no solamente hablamos de una insuficiencia de ingresos sino que va a acompañada de otras condiciones como problemas de salud mental, adicciones...

Y hay otra vertiente -aunque la pobreza es una-, que es la pobreza infantil. En La Rioja más de uno de cada cuatro menores, el 28%, son pobres. No pasan hambre, pero seguramente no tienen una alimentación adecuada y su nivel de desarrollo infantil no va a estar en igualdad de condiciones en relación a otros niños. La pobreza se hereda. Estos niños no van a tener acceso a formación ni a bienes culturales y van a tener más posibilidades de fracaso escolar, con lo que van a reproducir su situación. 

¿Cuáles serían las prioridades en ese ámbito?

Hemos tomado medidas ya en la pobreza infantil. No son medidas directas hacia los menores sino hacia todo el entorno a través de ayudas de emergencia social, pobreza energética, ayudas en periodos no lectivos, programas de prevención...

Si hiciéramos la foto de la pobreza en La Rioja vemos claramente que son personas de 40 a 50 años, españoles y mujeres. Las familias monoparentales, sobre todo monomarentales, triplican y cuadriplican los niveles de pobreza. 

Otro de los retos de esta legislatura es sacar adelante la Ley de Violencia de Género.

La Rioja es la única comunidad en la que no existe una ley. En 2011, el gobierno del PP impulsó el concepto de violencia doméstica e igualó la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia escolar, pero el origen es diferente, tiene especificidades diferentes y el tratamiento es diferenciado. Si queremos hacer visible la violencia de género y combatirla con medidas específicas, necesitamos una ley específica. Vamos con muchísimos años de retraso porque la Ley Integral se aprobó en 2004. 

Estamos dando pasos rápidos desde esta consejería en ese sentido. Ya hemos anunciado la acreditación como víctimas de violencia de género para mujeres que no han denunciado. Son una masa ingente las mujeres que viven en silencio situaciones de violencia y necesitan el apoyo de instituciones para dar el paso. 

También, como una medida del Pacto de Violencia de Género, se ha especializado un juzgado de lo penal para dar celeridad a la Justicia. Otro paso que hemos dado es incorporar el sistema Viogen, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior, para cerrar el círculo del sistema de protección de las víctimas. 

Otra medida importantísima es habilitar un piso de transición. Significa que cuando una mujer tenga un tiempo limitado en la casa de acogida pero necesita un mayor tiempo para recuperar su vida, pueda hacerlo dentro de una alternativa ocupacional, es un piso de transición a la vida. 

La modernización de la Justicia es otra de las asignaturas pendientes.

La inversión que hemos hecho este año en los presupuestos ha sido de 1,4 millones de euros dedicados a la justicia gratuita. Es preciso modernizar los sistemas telemáticos para evitar esos 'tochos' de papeles que existen en la mesas de los juzgados. El 31 de enero inauguramos el Juzgado de lo Penal número 3 porque el 1 y el 2 llevan al año 500 asuntos y mil ejecutorias cada uno. 

La justicia tiene que ser ágil, cuando uno haya cometido un delito no grave no puede ser que eso aparezca cuando han pasado muchos años y has organizado tu vida de otra manera. Hay que tratar de desastacar y dar justicia gratuita y ágil. 

¿Las asociaciones pueden estar tranquilas ante el cambio para solicitar subvenciones?

La lista de subvenciones era infinita. Ahora normativamente estamos obligados a hacerlo a través de concurrencia competitiva. No se eliminan las subvenciones, se modifica el procedimiento a través del cual las entidades sociales van a acceder a ellas. Es un proceso justo, con transparencia y publicidad como exige la ley. Igual no se ha hecho una buena lectura del tema y puede haber intereses en dar mensajes equivocados. No habrá ningún problema, no se han recortado las subvenciones. 

 

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