La investigación apunta un posible “trato de favor” en el caso de Muñoz y su mujer

La investigación apunta un posible "trato de favor" en el caso de Muñoz y su mujer

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Un agente de la UDEF ha declarado hoy, en el juicio que se celebra contra, entre otros, el exconsejero de Hacienda, Juan José Muñoz, en torno a la construcción, y venta, de parques fotovoltaicos, que el alcalde de Torremontalbo desveló que Muñoz dijo estar “directamente interesado” en el parque de esta localidad.

Hoy se celebra la tercera jornada del juicio por el que el exconsejero de Hacienda está acusado de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales por tutelar, presuntamente, la creación de Empresa Fotovoltaica Riojana, SA (Emfrisa), para la construcción de parques fotovoltaicos ocultando su presencia por incompatibilidad de su cargo, con la prueba testifical de los agentes de policía y otro testigo más.

En ella, están declarando por videoconferencia tres agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), y el primero de ellos ha contado cómo la investigación desveló la celebración de dos comidas (Muñoz había reconocido una) en las que, tal y como contó el alcalde de Torremontalbo a la policía, el exconsejero declaró estar “directamente interesado” en el parque fotovoltaico del municipio.

En estas comidas, habrían estado presentes el alcalde y secretario de Torremontalbo, además de Muñoz y otro de los acusados, A.G, quien, según la acusación, actuaba en nombre del exconsejero.

El agente también ha calificado como “bastante extraño” que la mujer del exconsejero apareciese en el primer contrato de venta de Emfrisa a Bellomonte, y no en el segundo; también que, a raíz de la autorización del parque de Torremontalbo “llamó la atención” que se solicitó el informe de riesgos “y no pudo ser localizado”.

Por último, ha mostrado su “perplejidad” por el incremento del valor de las acciones de la mujer del exconsejero, tanto en Emfrisa, donde percibió 50.000 euros más de un año después de invertir 10.000 euros en Emfrisa, y sin que ésta construyera los parques, y más de 276.000 por las de Provif.

A continuación, un segundo agente ha relatado cómo el 13 de marzo de 2008, un día después de que la mujer de Muñoz dejase de ser accionista de Emfrisa y vendiese sus acciones a Provif, Bellomonte compró la mitad de Emfrisa y emitió un pagaré de 326.000 euros a favor ella.

El agente de la UDEF ha declarado hoy no saber “a qué corresponde” este dinero ya que “había vendido las acciones el día anterior”. Es algo que, para la investigación “no cuadra” y, por tanto, “el pagaré pudo ser un trato de favor” ya que no puede entenderse “como venta de acciones”.

El abogado de la defensa de Muñoz se ha centrado en que se trata de “hipótesis” fruto de las declaraciones efectuadas durante la investigación.

El secretario-interventor del Ayuntamiento de Torremontalbo ha sido el último en declarar y, a preguntas del Fiscal, se ha referido a las comidas en el asador, en las que, ha dicho, Muñoz les dijo a él y al alcalde “si como ayuntamiento” les “interesaba invertir en placas”.

El Fiscal le ha cuestionado acerca de si el acusado A.G decía que había detrás del proyecto personas importantes, ante lo que ha dicho: “Creo que sí”. Entonces, el Fiscal ha leído su declaración ante la policía, en la que se refería concretamente a Muñoz, y el secretario se ha ratificado.

Testigos acusados en otra causa

En el proceso también están acusados la mujer del exconsejero así como otras tres personas (A.G; A.C; e I.M). Al comienzo de la sesión de hoy, el Tribunal ha analizado la situación de algunos de los testigos, entre ellos del exdirector general de Industria, Florencio Nicolás, y el entonces responsable de Iberdrola, J.A., testigos en esta causa pero acusados en otra que aún no ha salido a la luz.

Así, en el escrito de acusación, el Fiscal afirma que Nicolás, el 9 de septiembre de 2008, dictó 35 resoluciones autorizando la puesta en servicio de otras tantas instalaciones que componían el parque solar fotovoltaico de Torremontalbo, sabiendo que era imposible que estuviera terminado. Para el Fiscal, esto supondría los delitos de prevaricación y falsedad documental.

El Tribunal ha decidido que tendrán derecho a no responder a las preguntas que puedan estar relacionadas con su causa y podrán asistir con un abogado.

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