El lunes comienza el juicio al exconsejero Muñoz: le piden casi seis años de cárcel

El lunes comienza el juicio al exconsejero Muñoz: le piden casi seis años de cárcel

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El exconsejero 'popular' de Hacienda, Juan José Muñoz, se enfrenta, desde el lunes, a un juicio por el que el Fiscal le pide hasta cinco años y nueve meses de cárcel, y más de seis millones de euros de multa, acusado de los delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.

La causa que llevará a Muñoz al banquillo de los acusados tiene su origen en el momento en el que, formando parte del Gobierno de La Rioja, “tuteló” la creación de una empresa mercantil, Empresa Fotovoltaica Riojana, SA (Emfrisa).

El propósito era, siguiendo el relato de acusación, “construir una instalación de gran magnitud de producción de energía eléctrica de origen solar fotovoltaico, radicada en el municipio de Torremontalbo”.

La planta se beneficiaría de normas “que, incentivando la generación de energía eléctrica de fuentes renovables (lo que se conoce como Régimen Especial), obligaban a la compañía eléctrica (en este caso, Iberdrola) a comprar la electricidad y a pagar a los productores de energía un precio superior en un 575 por ciento al de la tarifa eléctrica media o de referencia del coste de producción de energía a partir de otras fuentes”.

La muy elevada rentabilidad de esta operación propiciaría la venta de la instalación a terceros, españoles o extranjeros, obteniendo un precio de mercado aproximado de 25 millones de euros.

Siguiendo este escrito, el acusado utilizó en la operación al otro acusado, A.G.R, “empresario de su confianza y ejecutor de cuantas directrices, actos y negocios le fueran ordenados por aquel”.

El Fiscal explica cómo “el consejero de Hacienda, por incompatibilidad legal, no podía figurar exteriormente en los actos y negocios jurídicos que se formalizaran, ni en los trámites administrativos que necesariamente habría que cumplimentar para autorizar y explotar la instalación fotovoltaica”.

Por eso, “utilizó, como persona interpuesta, a su esposa C.M.C con el pleno conocimiento y consentimiento por ésta hacia el propósito de su intervención, que en suma pretendía incorporar al patrimonio de la unidad familiar los beneficios económicos de la operación”.

El escrito asegura que Muñoz “dirigió la operación valiéndose de terceras personas (...), y, cuando surgieron obstáculos imprevistos, intervino en persona ante las autoridades municipales (en el Ayuntamiento de Torremontalbo) y autonómicas (en organismos integrados en la Consejería de Hacienda -de la que era titular-, y en la Consejería de Industria), con el fin de eliminar tales dificultades o impedimentos”.

Así, relata que Muñoz “convenció a personas allegadas a él y a destacados empresarios de La Rioja, que conocía por su cargo público, para participar en dicha sociedad”.

Añade que “todas estas personas se incorporarían al proyecto mercantil con la certeza de obtener un lucro económico al encontrarse respaldada la operación por algunos de los principales cargos e instituciones políticos de la región, tanto en la Consejería de Hacienda, como en la Consejería de Industria”.

El Fiscal le pide, por el delito de tráfico de influencias, nueve meses de prisión, y multa de más de seis millones de euros, con tres meses de privación de libertad en caso de impago, cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas del juicio.

Por el delito de estafa, tres años de prisión, y multa de ocho meses, con una cuota diaria de 10 euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas del juicio. Y por el delito de blanqueo de capitales, dos años de prisión, y multa de 276.875 euros, con un mes de privación de libertad en caso de impago, accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas del juicio.

El Fiscal pide, para la mujer del exconsejero cuatro años de cárcel por dos delitos: de estafa y blanqueo de capitales. Por el delito de estafa, dos años de prisión, y multa de ocho meses, con una cuota diaria de 10 euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas del juicio.

Por el delito de blanqueo de capitales, dos años de prisión, y multa de 276.875 euros, con un mes de privación de libertad en caso de impago, accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y costas del juicio.

Para el empresario de confianza de Muñoz, el fiscal pide cinco años. Por el delito de estafa, le pide tres años de prisión y multa de ocho meses, con una cuota diaria de diez euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y costas del juicio. Por el delito de blanqueo de capitales, dos años de prisión, y multa de 276.875 euros, con un mes de privación de libertad en caso de impago, y costas del juicio.

Para otros dos acusados, participantes en el proceso (A.G.C e I.M.A), pide, al primero, por el delito de estafa, tres años de prisión y multa de diez meses, con una cuota diaria de diez euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y costas del juicio.

Para el segundo, también por el delito de estafa, dos años de prisión y multa de ocho meses, con una cuota diaria de diez euros y un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y costas del juicio.

También pide que el consejero, junto con M.C.M, A.G.R, A.G.C e I.M.A indemnizar, conjunta y solidariamente, a Bellomonte Logistic, SL en la cantidad de 1.688.400 €.

Del abono de esta cantidad responderán subsidiariamente la mercantil European Sun Parks, SL, que ha absorbido a su participada Empresa Fotovoltaica Riojana, SA (Emfrisa); la mercantil Promoción de Viviendas Fotovoltaicas, SA (Provif SA); y la mercantil Logro Inversiones 2000, SA.

El escrito de acusación también solicita que La mercantil Narrauri Varia Inversiones, SL responderá del abono de la ganancia de 276.875 euros. Las indemnizaciones se incrementarán con el interés establecido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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