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Domingo 26 de Enero de 2020Actualizado 18:23

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El 14 de enero de 2020

Tiempo de lectura: 04:50
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El Tribunal Constitucional rechaza el recurso contra la Ley de Protección Animal

Han sentenciado que el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma "no tiene legitimación para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas en su Parlamento".

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EP/Rioja2

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del anterior Gobierno de La Rioja del PP en la legislatura pasada contra varios artículos de la Ley del Parlamento riojano, de 26 de noviembre de 2018, de protección de los animales.

En una nota de prensa, el máximo órgano judicial ha sentenciado que el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma "no tiene legitimación para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas en su Parlamento al no reconocerlo así la Constitución ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Gobierno de La Rioja y avalado también por 50 senadores del Grupo Popular de la Cámara Alta. Entre las firmas se encontraban las de los cuatro senadores con los que contaba el PP de La Rioja -Pedro Sanz, José Luis Pérez Pastor, Francisca Mendiola y Mariate Antoñanzas-.

En la presentación, el expresidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Ceniceros Ceniceros justificó la acción porque dicha Ley - que contó con el apoyo parlamentario de PSOE, Ciudadanos y Podemos- "tiene unos problemas muy serios de inconstitucionalidad y el Gobierno de La Rioja tiene encomendada la defensa de la legalidad".

Ahora, la sentencia del TC, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Fernando Valdés DalRé, explica que, según la doctrina constitucional, "el artículo 162.1 CE y su derivado artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional han precisado la concesión de la legitimatio ad causam de manera expresa y concreta adoptando un sistema de numerus clausus, taxativo y riguroso en atención a razones de prudencia política y de seguridad y normalidad jurídica".

Por tanto, en el proceso constitucional la legitimación "no se establece en términos abstractos, sino que se formula para un actor concreto (órgano o fracción de órgano) en relación con un determinado tipo de acción (recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia) referida a su vez a una clase concreta de actos o normas".

La resolución también aclara que "la legitimación ad causam, regida por los arts. 162.1 a) CE y 32.2 LOTC, excluye asimismo la posibilidad de que una Comunidad Autónoma interponga un recurso de inconstitucionalidad frente a leyes de otra Comunidad Autónoma: "ni
siquiera 'la supuesta titularidad de un derecho subjetivo o de un interés propio' permite a las Comunidades Autónomas promover este tipo de procesos, 'pues no existe un correlato necesario entre garantía institucional de derechos o de cualquier interés propio y legitimación para interponer recursos de inconstitucionalidad, que se atribuye en lista cerrada".

Asimismo, el Tribunal concluye señalando respecto a la legitimación activa de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, que la Constitución no atribuye a estas últimas tal legitimación a una determinada fracción del órgano parlamentario sino al órgano en sí (art. 162.1 apartado a).

En consecuencia, se puede afirmar que "la acción de inconstitucionalidad no fue otorgada por la Constitución, en estos casos, para la impugnación de leyes propias por las mismas Asambleas autonómicas que las aprobaron, y en cuya potestad está, por tanto, derogarlas total o parcialmente". Es más, si se reconociese tal legitimación se rompería el equilibrio o paridad institucional que debe existir, porque así lo ha querido la Constitución entre uno y otro órgano superior de la Comunidad Autónoma para el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad.

La sentencia cuenta con varios votos particulares. El primero formulado por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. En su opinión, en la medida en que la propia jurisprudencia constitucional ha formulado una interpretación extensiva del concepto "ámbito de
autonomía"
que permite a los ejecutivos y a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas instar la intervención del Tribunal Constitucional más allá de sus propias competencias, resulta coherente optar por la interpretación más amplia posible en relación con el objeto del control de constitucionalidad de los ejecutivos autonómicos contra las normas emanadas de sus propias asambleas legislativas.

El segundo voto particular ha sido emitido por el magistrado Pedro González Trevijano al que se adhiere el magistrado Ricardo Enríquez Sancho. Considera que la cláusula general de legitimación que contempla el art. 162.1a) del texto constitucional no constituye una regla que deba ser desarrollada o precisada por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "sino una simple relación completa y cerrada de sujetos legitimados en todo caso".

Ello "es coherente con la naturaleza del recurso de inconstitucionalidad, dado que estamos ante un proceso de carácter objetivo, en el que la legitimación para intervenir no deriva de la singular posición del sujeto en relación con el objeto del proceso, sino de la facultad que la propia Constitución confiere a determinados sujetos para instar el control de constitucionalidad de las leyes".

En este sentido, "reconocida constitucionalmente la legitimación de los gobiernos autonómicos para interponer el recurso de inconstitucionalidad sin ninguna matización, su exclusión para formularlo en relación con las leyes de sus propios Parlamentos, no se acomoda a la propia función del recurso de inconstitucionalidad, donde el que actúa ante el Tribunal Constitucional no pretende nada para sí,
sino el restablecimiento de la legalidad, y el interés general que se traduce en la defensa de la Constitución, función de la que participan los órganos autonómicos sin restricciones".

Por último, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos también se adhiere a los votos formulados por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón y el magistrado Pedro González Trevijano.

El PP: "Sigue recurrida a la espera de una sentencia definitiva"

El Partido Popular de La Rioja ha recordado que esta Ley "continúa estando recurrida ante este órgano, a través del recurso interpuesto contra la norma por 50 senadores del Partido Popular en febrero de 2019, y a la espera de una sentencia definitiva".

Los populares han destacado que la norma "fue cuestionada a través de un informe emitido por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública". Un escrito que "alertaba sobre las dudas en materia de constitucionalidad o vulneración de las normativas estatal y comunitaria que generaban numerosos artículos de la misma, entre ellos el 2, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 37, 38, 39, 45 o 54".

"Como el Gobierno de Pedro Sánchez no la recurrió, pese al informe que alertaba de su inconstitucionalidad, la Ley es de aplicación hasta que se produzca una sentencia al respecto". "Si la hubiera recurrido, se hubiera suspendido la aplicación de la Ley hasta que se dictara sentencia. Por tanto, el Gobierno Socialista ha permitido, de forma irresponsable, que se aplique una Ley que genera serias dudas sobre su constitucionalidad", ha concluido.

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A favor 4 En contra 4

14 comentarios

#14
15/01/2020 18:51h

para toros y escopetas si habia perras,igual que para los colegios privados maquillados de concertados o para viamed. Para cosas como el san pedro no. Esto demuestra las preferencias de un partido como el pp. Que bien estan fuera del gobierno.

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#13
15/01/2020 18:48h

#12. Hay cosas tan infumables en la mentada ley que el gobierno psoe/ podemos las va a cambiar a las primeras de cambio en la ley de medidas fiscales

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#12
15/01/2020 18:04h

11 en defensa de la comunidad autonoma? MENTIRA En defensa de unos pocos. Curiosamente casi todos los cazadores que conozco son peperos, igual que los taurinos.Para esta gente es mas importante eso que educacion y sanidad. Que salgan ceniceros y dominguez y nos expliquen a todos el ridiculo que ha hecho la rioja (ya sabian que se iba a hacer el ridiculo) por unos pocos votos de señores con escopeta

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#11
15/01/2020 10:33h

La ley es una porquería. El recurso lo más probable es que se inadmitiera, pero en honor a la verdad finalmente ha habido varios votos particulares que respaldaban la legitimación del gobierno de la rioja. Creo que al anterior Gobierno le faltó explicar la posible falta de legitimación porque Dominguez y Ceniceros se vinieron muy arriba anunciando el recurso; pero no creo que sea ridículo ni criticable que se peleen este tipo de acciones en defensa de los intereses de la Comunidad autónoma (en este caso pretendiendo ensanchar la legitimación activa para presentar recursos de inconstitucionalidad). Cataluña lo hace constantemente en defensa de sus competencias cuando considera que las leyes estatales se han extralimitado. Y recordemos que tampoco se ha reconocido legitimación para recurrir leyes de otras CCAA (normas con rango de ley en materia de agua de Aragón) cuando a La Rioja le ha interesado este tipo de recursos. Excepción hecha de recursos frente a estatutos de autonomía, dado que en ese caso estamos ante una norma aprobada por ley orgánica (del Estado) y por lo tanto susceptible de ser recurrida por la CAR

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#10
Madre constitucionalista.15/01/2020 09:42h

RIDÍCULO DE CENICEROS CON EL DINERO DE TODOS LOS RIOJANOS. OTRA VEZ MÁS.

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#9
Barcenas de La Rioja15/01/2020 09:36h

Qué puta vergüenza el PP. SIEMPRE, SIEMPRE, usando recursos públicos con fines partidistas. El recurso sigue adelante, sí, pero qué ridículo de Ceniceros y, sobre todo, de Alfonso Domínguez, ex Consejero de Hacienda y Administración Pública.

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#8
15/01/2020 07:32h

Venga concha ... haz como que gobiernas y cambia esta puta mierda de ley de una vez .

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#7
Contador15/01/2020 00:01h

Pues yo lo tengo claro, tengo una finquita (huerta) en Viana he dado de alta a la perra en Navarra y no pienso inutilizarla para la cria. Que les den. La gente se va a Navarra y Alava a trabajar y ahora tambien se tendran que ir a tener a sus perros. En nada vamos a ser una isla abandonada.

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#6
14/01/2020 22:31h

2 tontito malo es para todos y precisamente la venta de perros aumenta porque serán los unicos autorizados.

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#5
Concha aún estas a tiempo14/01/2020 21:16h

Ay ay Andreu como te hicieron el lío con esta ley ahora eres presidenta y en campaña te paseaste por ferias agrícolas y ganaderas, hablaste con cazadores y veterinarios, prometiste modificarla. De Cantabrana,Ubis y Grajea no digo nada ya están más que "liquidaos" aunque aquí nos han dejado el pastel y ya llevamos un añito con el

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#4
Que figuras14/01/2020 21:01h

VEGANAZIS DEMOCRACY

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#3
Errioxarra 14/01/2020 20:58h

Pues nada a castrar perros porque te lo orden 4 inútiles de políticos, en contra de lo que dicen veterinarios. Y si los riojanos y nuestros animales tenemos menos derechos(aunque te vendan lo contrario)que en cualquier otro del mundo pues será porque nos lo merecemos joder.

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#2
Ajo y agua para los matarifes 14/01/2020 20:49h

Me alegro

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#1
Todo mal14/01/2020 20:35h

Una puta vergüenza de ley y llevamos más de un año con ella en vigor, hijos de puta

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