CCOO denuncia “el hostigamiento de organizaciones ultracatólicas” y ofrece cobertura legal a los centros educativos

La Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja ha anunciado que “seguirá los cauces judiciales necesarios para evitar el hostigamiento y la coacción que están llevando a cabo organizaciones ultracatólicas en los centros educativos riojanos”. El sindicato ofrece dar cobertura legal, sindical y administrativa al profesorado y a los centros educativos que lo soliciten.

En la línea que ha venido siguiendo, CCOO ha asegurado que continuará denunciando cualquier intento de coartar al “profesorado en el libre ejercicio de su profesión y en el desarrollo de contenidos curriculares en concordancia con la normativa vigente”.

Hace algunas semanas, la Federación de Enseñanza de este sindicato puso en marcha una campaña informativa y de denuncia a aquellas organizaciones que, con sus actuaciones, materiales o propuestas “están incurriendo en un delito de discurso de odio, denunciando ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Europea a la organización Hazte Oír por sus materiales y la campaña sobre el PIN Parental”.

En FECCOO nos parece “de una extraordinaria gravedad” lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas “con la presión que intentan ejercer las organizaciones ultracatólicas al profesorado”. “Queremos poner de manifiesto que los centros educativos ya cuentan con un proceso consensuado, colegiado y de control de las actividades que se realizan, pasando por la aprobación de los cauces establecidos en la normativa educativa”, ha recordado.

Han considerado muy grave la querella contra el colegio Público Escultor Vicente Ochoa de Logroño, presentada por parte de la Asociación Española de Abogados Cristianos. En este sentido, han declarado que “nos parece especialmente preocupante el hecho de que algunas organizaciones ultracatólicas pongan en tela de juicio la legislación vigente, sin mencionar la gravedad y la inseguridad que deben estar sintiendo el alumnado LGTBI y sus familias”.

FECCOO exige “una ley de protección de las personas LGTBI en el ámbito educativo y una protección de nuestro ordenamiento jurídico ante actos provocadores e incitadores al odio”. Además, insta a las comunidades autónomas que están en proceso de tramitación de las leyes LGTBI -Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Asturias- a que estas “se negocien de acuerdo con el consenso social necesario, el debate parlamentario suficiente y, sobre todo, las garantías de preservar los derechos de las y los menores que permitan su desarrollo en entornos de seguridad y buen clima escolar”.