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La Rioja es la comunidad donde menos órdenes de protección se deniegan

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La Fiscalía General del Estado emtió el pasado lunes una Memoria, correspondiente a 2018, en la que alertaba de la enorme desigualdad que existe entre unos juzgados y otros del territorio español en materia de violencia machista.

La alarma se centra en la tasa de aceptación de las solicitudes de órdenes de protección. Mientras en unos juzgados no llegan al 10% las solicitudes denegadas, en otros superan el 70%, llegando incluso en las cifras más altas al 87%. Es decir, una mujer que solicite una orden de alejamiento en Murcia tiene más posibilidades de obtenerla que una que lo haga en Girona.

Para la Fiscalía, esta situación genera una una inseguridad en las mujeres y es “difícilmente compatible con las campañas de incentivación de la denuncia”.

Diferencias a todos los niveles

En eldiario.es se han hecho eco de esta noticia y han elaborado varias gráficas que reflejan las enormes diferencias que existen a todos los niveles, desde el autonómico hasta el provincial y local.

Así, podemos observar que ,a nivel autonómico, La Rioja se sitúa a la cabeza en materia de protección por violencia machista, ya que es la Comunidad Autónoma donde menos órdenes de protección se deniegan: un 14,3%. Le siguen Melilla, con un 15,6%, y Murcia, 16%.

En el extremo contrario encontramos a Cataluña, donde se rechazan más de la mitad (55,1%), Madrid (48,6%) y Asturias (42,7%)

Si bajamos al nivel provincial, La Rioja se queda en un segundo plano, ya que varias provincias superan el 90% de órdenes aceptadas: Granada ocupa la cabeza con un 4,7%, seguida de Burgos (6,0%), Soria (7.4%) y Almería (8,6%). La cola la vuelve a ocupar Cataluña. Barcelona rechaza un 61,8% de las solicitudes y Girona un 58,4%. También destacan Sevilla (58,1%) y Valladolid (57,8%)

Un problema con profundas raíces

La Asociación de Mujeres Juristas Themis lleva años llamando la atención sobre esta realidad. “Son datos muy llamativos porque es algo sistemático”, explica su presidenta María Ángeles Jaime de Pablo. “Es algo que requiere una explicación porque evidentemente no hay unos sitios en los que hay violencia más grave que otros”.

Las causas del problema son muy diversas. En Themis admiten que puede ocurrir que en aquellos lugares donde haya más casos se acabe minimizando el riesgo, pero lamentan que “aún no se haya hecho un estudio sobre una problemática que puede responder a diferentes factores”.

Más allá de estereotipos que pueden restar credibilidad a las víctimas, también puede tener que ver con la coordinación que el juzgado tiene con otros agentes implicados, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con qué tipo de información cuenta para tomar la decisión”, continua Jaime de Pablo.

Las soluciones están ahí

Las soluciones al problema ya existen, pero hace falta ponerlas en práctica. El Ministerio de Interior puso en marcha en 2018 un nuevo protocolo policial del riesgo que introduce más elementos para valorar el peligro de asesinato e incluye la obligación de destacar aquellos casos en los que haya menores sobre los que haya una situación amenazante.

Otro protocolo, el Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo, puesto en marcha en 2011, apenas se utiliza. Solo en el 2% de los casos de 2017 se puso en práctica.

Según Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, el motivo es una cierta “pasividad profesional” y una percepción del riesgo subjetiva: “En la valoración de los hechos siempre hay un componente subjetivo y en este caso, está muy condicionada por la concepción social de la violencia de género, que siempre tiende a ser minusvalorada y está cargada de estereotipos y mitos”.

Lara Esteve, magistrada en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Carlet (Valencia), también incide en la falta de medios y de sobrecarga existente en muchos juzgados, sobre todo aquellos que compatibilizan casos de violencia de género con otro tipo de asuntos, que además tienen una formación menor.

Por ello, la presidenta de Themis celebra el sistema que el Consejo General del Poder Judicial va a poner en marcha previsiblemente en 2020 y que convierte la violencia de género en una especialidad jurídica. También esgrime la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la solución principal, pues incluye un listado de criterios de referencia de la situación de riesgo.

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