El Gobierno de La Rioja inicia los trámites para reclamar la compensación por el efecto frontera

El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar los trámites para reclamar por vía judicial la constitución de la comisión mixta prevista en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, dado que se ha cumplido el plazo dado al Gobierno central para activar este órgano encargado de concretar la compensación por el ‘efecto frontera’.

Como ha explicado la portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, “el artículo 46 es una de las singularidades que contempla el Estatuto de Autonomía de La Rioja ante los desequilibrios producidos en la comunidad por los efectos derivados de su situación limítrofe con las comunidades de Navarra y País Vasco”.

Asimismo, ha destacado que el Ejecutivo regional ha trabajado siempre “en defensa de los intereses generales de La Rioja, y las inversiones y la financiación lo son”. Y ha reiterado que “ese trabajo y defensa se ha realizado con absoluta lealtad a los dos gobiernos de España con los que nos ha correspondido negociar”. No obstante, ha continuado, “esta actitud leal no ha encontrado una respuesta en el Gobierno central por lo que emprenderemos las acciones judiciales pertinentes”.

En este sentido, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, ha defendido que “la única posibilidad que el Gobierno de La Rioja tiene para defender sus intereses es cambiar el marco” e iniciar, conforme a lo que estipula la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo, “los trámites necesarios para compeler al Gobierno de España que convoque la comisión del artículo 46”.

En concreto, el Gobierno de La Rioja enviará al Gobierno central un requerimiento con la fecha de la convocatoria de la comisión, las personas participantes y un orden del día. El requerimiento es un paso previo a la vía contencioso-administrativa de obligado cumplimiento en los litigios entre administraciones públicas, como señala el artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En el requerimiento, el Gobierno de La Rioja solicita que la comisión se convoque el 21 de marzo de 2019 con el siguiente orden del día:

1.- Constitución de la comisión mixta del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja.

2.- Determinación estimativa del importe de compensación a la Comunidad Autónoma de La Rioja, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para la corrección de los desequilibrios producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con otros territorios.

3.- Esfuerzo y presión fiscal de La Rioja con relación a su situación limítrofe con otros territorios.

4.- Nivel de intensidad de ayudas públicas a empresas, con relación al Producto Interior Bruto, de La Rioja con relación al resto de comunidades autónomas, derivada de su situación limítrofe con otros territorios.

5.- Aplicación de los principios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial, y su efecto en el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Alfonso Domínguez ha afirmado que “si no se produce la celebración de esta comisión, el siguiente paso sería la imposición de una demanda judicial ante los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para que se obligue al Estado a la convocatoria de dicha comisión”.

El Gobierno de La Rioja ha adoptado esta decisión tras agotar los cauces de diálogo y comprobar que la voluntad de colaboración y lealtad institucional que ha mantenido con el actual Gobierno de España en reclamaciones de vital importancia para La Rioja no se ha visto correspondida con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en los encuentros mantenidos tanto con el presidente Sánchez como con la ministra de Hacienda.

En este sentido, el Ejecutivo riojano considera que el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2019 que pretendía aprobar el Gobierno central además de ser lesivo para La Rioja, demostraba que no se iban a cumplir compromisos como el de financiar la reforma integral del IES Sagasta, lo que justifica acudir a los procedimientos administrativos y judiciales que sea necesario para defender los intereses generales de todos los riojanos.