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El 5 de febrero de 2019

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Dos empresas de La Rioja expedientadas por no pagar la uva a tiempo a los viticultores

Se establece un máximo de un mes para el pago de la uva a los viticultores.

vendimia, uvas

Rioja2/EP

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha abierto expedientes sancionadores a dos empresas vitícolas de La Rioja por incumplir los plazos de pago de la uva a los viticultores, al superar el máximo de un mes que establece la normativa para el pago de este producto perecedero.

Así lo ha informado en un comunicado la Unió de Llauradors, que presentó las denuncias en agosto de 2017 al tener constancia de que "las bodegas compraban la uva sin la firma del preceptivo contrato de compraventa y se entregaba sin la negociación del precio de la misma".

"Esta práctica parece ser la habitual en el sector, ya que las denuncias se han efectuado en la mayor parte de las comunidades productoras de vino de España. La mayor parte de las bodegas españolas empiezan a recoger y transformar la uva y no establecen el precio hasta que una reconocida bodega de Castilla La Mancha no establece el precio de este producto", ha denunciado la organización agraria.

A nivel nacional, la AICA ha abierto un total de 19 expedientes sancionadores, al existir "indicios razonables" de incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, que acumulan un total de 43 infracciones.

En concreto, se trata de 17 empresas, algunas de las cuales acumulan más de un expediente sancionador: 15 de los expedientes sancionadores se han abierto a la industria vitivinícola-bodegas, tres a la distribución minorista y uno a la distribución mayorista.

"Casi la totalidad de los expedientes abiertos" son por incumplimiento de los plazos de pago de la uva a los viticultores, que tiene un plazo máximo de un mes. Además de los dos expedientes en la Comunitat, la AICA ha abierto tres expedientes en Madrid, dos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Galicia, y uno en Castilla y León y Extremadura.

Por ello, la Unió ha reclamado a las administraciones que las inspecciones no se realicen solo a petición o denuncia de las asociaciones y ha resaltado que esta práctica de inspeccionar "debería ser la norma común, ya que como se puede apreciar por el ratio de empresas sancionadas, el incumplimiento de esta Ley se encuentra a la orden del día".

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