Cambia Logroño reclama una auditoría sobre la concesión del transporte urbano

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de la ciudad, Gonzalo Peña, ha reclamado este lunes que el Consistorio realice una auditoría sobre la concesión para el servicio del transporte urbano, que se viene prestando, con diversas prórrogas, “desde el año 1952” y se puede prolongar “hasta 2027”.

Así lo van a plantear en una moción que Cambia va a presentar en el próximo pleno municipal, que se prevé celebrar el jueves 10 de enero. En la propuesta, como ha señalado Peña, “se recuerda que el servicio se viene prestando en régimen de concesión administrativa desde 1952, por 25 años y con posibilidad de prórrogas por décadas”.

La titular del servicio es actualmente, como lo ha sido desde el principio de la concesión, la empresa Autobuses Logroño S.A. En 1995, “con su tercera prórroga, se aprobó una reestructuración de este servicio”.

Posteriormente, en 1998, se aprobó una ampliación y mejora con carácter general del servicio, de modo que “en el acuerdo del pleno figura que puede durar la concesión hasta 2027”, lo que significa los 75 años que se permite como máximo en la legislación vigente.

En 2002, con la implantación del Plan Director del Servicio Municipal de Transporte Público de Viajeros, se modifican los términos que establece la concesión administrativa, “ya que, según un informe de la Unidad de Contratación, va a suponer una fuerte incidencia en la prestación del servicio”.

Algo, añade, que “acarreará mayores costes de inversión y explotación que modificarán los presupuestos que en su día se tuvieron para equilibrar prestaciones y compensaciones”. Además, en estos años, “la liquidación de subvenciones a cuenta de explotación se han ido incrementando significativamente”.

Así, de acuerdo con los datos que ha dado el portavoz de Cambia, “en la comparativa de los últimos veinte años, el Ayuntamiento ha pasado de abonar 142.656 euros en 1997 a 2.611.175 euros en 2017”. La empresa, igualmente, “tiene cubiertos todos los costes y se asegura un beneficio industrial base de un 3,5 por ciento”.

“Es decir, ha apuntado Peña, el déficit de explotación del que adolece el contrato debe ser asumido por la administración titular del servicio, no existiendo en el Ayuntamiento ningún contrato con este tipo de garantías”.

En este sentido, según el informe de Contratación al que ha hecho referencia, “pese a que la gestión del concesionario puede calificarse de satisfactoria, es susceptible de mejora, según los indicadores de rendimiento aprobados”. Esa posibilidad de mejora, unida a que “nunca se ha hecho una auditoría al servicio”, llevan a Cambia a presentar la moción.

En concreto, la propuesta plantea, en su primer punto, “que se licite en un plazo máximo de cuatro meses una auditoría de carácter extremo para un conocimiento transparente y detallado de todas las actuaciones relacionadas con la concesión del servicio de transporte urbano”, que incluya tanto la gestión como las modificaciones introducidas “y el grado de cumplimiento de las condiciones contractuales”.

Y, en segundo lugar, propone que “en base a los resultados de esta auditoría, se tomen, de acuerdo con las correspondientes unidades técnicas del Ayuntamiento, las medidas que repercutan en un mejor servicio y condiciones contractuales en defensa de los intereses del Consistorio y de los vecinos y vecinas de la ciudad”.