Las cajas rurales sí tendrán que pagar el impuesto de las hipotecas

El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sigue siendo noticia estos días. Y es que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros la semana pasada sigue dando de qué hablar y generando confusión.

Cambio de versión

De esta forma, el Ejecutivo ha cambiado su versión y ahora interpreta que el decreto ley sobre el impuesto hipotecario sí afecta a las cajas rurales. Pese a que el viernes fuentes oficiales de Hacienda, según relata El Confidencial, que las cajas rurales se escapaban del impuesto al estar exentas desde 1990, la nueva versión del Ejecutivo es que la redacción es clara y sí tendrán que pagar. Así lo afirmó la secretaria de Estado de Hacienda. La oposición puede enmendarlo en el Congreso y aclarar la ley, pero lo normal es que el caso acabe dentro de unos años en el Supremo.

El Ministerio de Hacienda salió en 48 horas a clarificar la situación del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) tras la confusión generada por el Supremo. El viernes, festivo en Madrid, el Boletín Oficial del Estado publicó el decreto ley que considera que quien tiene que pagar el impuesto, unos 3.500 euros de media por hipoteca, es el prestamista. Pero inmediatamente hubo expertos que advirtieron una falla en el texto, una grieta que no había previsto nadie en el Gobierno y por la que se escapaban las cajas rurales y cooperativas de crédito, que suponen el 5% del mercado.

La disposición derogatoria así lo recoge y si hubiésemos querido realizar alguna excepción lo habríamos hecho, no es necesario modificarlo

Estas están exentas de pagar el IAJD desde 1990. La ley estaba prevista para cuando pidieran un préstamo, pero la redacción era tan amplia —“las cooperativas protegidas disfrutarán de los siguientes beneficios fiscales: en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, exención, por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación”— que la interpretación mayoritaria era que quedaban exentas también si actuaban como prestamistas.

El viernes por la noche, un portavoz de Hacienda admitió que era así, como también lo interpretaban las cajas rurales y bancos que analizaron el texto. El decreto ley del Gobierno, pues, añadía más gasolina a la confusión. Sin embargo, el lunes, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, afirmó en el Senado que las cajas rurales y las cooperativas de crédito sí están afectadas. En declaraciones en el Senado, Bardón ha afirmado a los periodistas que las cajas están incluidas porque hay una disposición en el decreto que deroga las normas contradictorias. “La disposición derogatoria así lo recoge y si hubiésemos querido realizar alguna excepción lo habríamos hecho, no es necesario modificar el texto de la ley”, señaló la secretaria de Estado, informa Europa Press.

Políticamente, la declaración demuestra que el Ejecutivo no piensa mandar otro decreto al BOE ni admitir el error. Ya se ha tragado el sapo de que el decreto ley para exhumar a Franco no incluyera salvedades para evitar que el dictador sea enterrado en la catedral de la Almudena y ahora está en manos de la oposición en la tramitación parlamentaria. El problema surgirá si la tramitación se alarga.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y diputado de Ciudadanos, confirma que los bufetes de los bancos consideran que las cajas rurales están exentas y que el decreto, ya en vigor, da una ventaja competitivaa las cajas rurales porque podrán ofertar hipotecas sin pagar el IAJD. “Nosotros pediremos la tramitación del decreto ley como proyecto de ley para poder introducir enmiendas en una norma que es una chapuza. Probablemente es un error, pero los errores se corrigen, no se prolonga la inseguridad jurídica”, afirmó De la Torre.

Las cajas rurales estaban a la expectativa de que el Gobierno aclarara si están exentas o no. Lo previsible, según fuentes jurídicas, es que paguen tras ver esta interpretación de Hacienda y que luego reclamen la devolución en los tribunales. El IAJD recauda unos 2.000 millones al año, por lo que si su cuota de mercado es del 5% están abonando unos 100 millones al año. Así que si no se rectifica, en unos años el Supremo tendrá que interpretar de nuevo el caso. Si entonces decide que están exentas, la factura será millonaria para el Ejecutivo. Pero eso será para el que esté entonces.