El empresario arnedano que tenía 11 trabajadores ilegales elude la cárcel tras aceptar dos años

El empresario del calzado acusado de tener a once trabajadores ilegales, a los que la Policía Nacional encontró en condiciones de peligrosidad, ha eludido la cárcel tras aceptar dos años (la Fiscalía le pedía siete).

La Fiscalía pedía 7 años

Tal y como ha podido saber Europa Press, el juicio, previsto para este martes en la Audiencia Provincial, ha sido de conformidad y el empresario del calzado afincado en Arnedo y natural de Georgia, ha aceptado dos años de prisión; pero, al no superar los dos años, la pena queda suspendida con la condición de que no vuelva a delinquir en tres años.

Además, no cabe sustituir la pena de prisión por la expulsión debido al arraigo familiar y social en el territorio nacional.

Por otro lado, también deberá indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social por el impago de las cuotas de los trabajadores no afiliados (la cantidad se fijará en ejecución de sentencia).

El Ministerio Fiscal le pedía siete años de cárcel, acusándole de tener a once trabajadores ilegales (diez de ellos compatriotas) y al creerle culpable de dos delitos contra los derechos de los trabajadores del Código Penal.

Tal y como relataba el escrito del Fiscal, D.R dirigía un taller dedicado a la manufacturación de material de calzado en Arnedo, en el que contrataba a extranjeros en situación de irregularidad y, por lo tanto, sin darlos de alta en la Seguridad Social.

Debido a las sospechas que se cernían sobre él, el 27 de marzo de 2017, sobre las 20:00 horas, agentes del Cuerpo Nacional de Policía e Inspectores de Trabajo accedieron al interior del edificio y encontraron el taller en el primer piso.

Los agentes encontraron en el taller 24 máquinas de coser, con función para realizar diversos tipos de acabados, e identificaron a once personas, diez de nacionalidad georgiana y una ecuatoriana; además de una española que sí estaba dada de alta en la Seguridad Social.

“Todos estos trabajadores extranjeros”, explica el Fiscal, “se hallaban en situación irregular” y, el acusado, “abusando de la situación de necesidad en la que se encontraban, les había impuesto unas condiciones laborales perjudiciales, pagándoles por pares de zapatos manufacturados y no por días trabajados”.

El taller consistía en una sola estancia de unos 250 metros cuadrados; y las ventanas estaban tapadas con telas gruesas que impedían el paso de la luz natural.

El local estaba, sin orden ni limpieza, repleto de cajas con pares de zapatos y presentaba diferentes riesgos; además, los trabajadores ejecutaban su actividad bajo la luz de tubos fluorescentes que colgaban precariamente desde el techo.