El PSOE pide una normativa para mejorar la seguridad en los ascensores

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Ricardo Velasco, ha presentado esta mañana una proposición no de ley, que se debatirá en el próximo pleno de la Cámara riojana, instando al Gobierno riojano a “desarrollar la normativa de instalación y mantenimiento de ascensores con el fin de mejorar la seguridad y calidad del servicio en La Rioja”.

Los socialistas proponen que en La Rioja “sea necesario determinar las partes de los ascensores que se tienen que revisar y la frecuencia, y establecer un registro con los trabajadores acreditados que tienen la formación necesaria como técnicos de ascensores”.

Pese a la “baja tasa” de siniestralidad en ascensores y aparatos elevadores, la “especial sensibilidad” de la población hacia accidentes producidos en el uso de ascensor o durante los trabajos de instalación o mantenimiento “hace necesario promover una cultura de responsabilidad compartida entre los agentes implicados como los usuarios, propietarios de instalaciones, administradores de fincas, asociaciones de consumidores, arquitectos, fabricantes, instaladores, sindicatos y organismos de control”.

Por todo ello, Velasco ha considerado que “es necesario regular en las diferentes comunidades autónomas, unificando criterios y normas, y adaptándose a las nuevas circunstancias, priorizando la seguridad y garantizando niveles de prestación de servicios altos”.

El Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, aprobó la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por el Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

La citada instrucción “define las reglas de seguridad aplicables a los ascensores para proteger a las personas y los diferentes riesgos de accidentes que pudieran producirse como consecuencia del funcionamiento y mantenimiento de dichos aparatos”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1.25 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, esta comunidad autónoma tiene la “competencia exclusiva” en materia de industria, sin perjuicio de lo que determinen las disposiciones del Estado en el ejercicio de sus competencias por razones de seguridad, sanitarias o de interés militar y las relacionadas con las industrias sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear.

Para Velasco, el establecimiento de “criterios homogéneos” para la aplicación de la instrucción, así como el “desarrollo y aclaración” de determinados aspectos de la misma en la Comunidad Autónoma de La Rioja, “justifican la necesidad de legislar sobre la materia, siendo precisa la adaptación técnica de los requisitos y condiciones de los procedimientos de mantenimiento e inspección de los ascensores a dicha norma, mediante la adopción de nuevos criterios técnicos específicos para la materialización de las revisiones y las inspecciones periódicas”.

Comunidades autónomas como Asturias, País Vasco o Canarias ya han regulado en este ámbito, “con el fin de mejorar y aumentar la seguridad tanto de usuarios como de trabajadores del sector”, y han regulado sobre todo “dos cuestiones que la legislación estatal no regula, como son las partes que hay que revisar de un ascensor ni con qué frecuencia”.

Por lo que los socialistas proponen que en La Rioja “sea necesario determinar esas partes de los ascensores que se tienen que revisar y la frecuencia, asimismo se debe establecer un registro con los trabajadores acreditados que tienen la formación necesaria como técnicos de ascensores y perseguir a las empresas que tienen a trabajadores realizando revisiones sin la formación necesaria”, ha dicho.

Por todo ello, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley que se debatirá el próximo pleno del Parlamento en la que se insta al Gobierno de La Rioja “a desarrollar la normativa de instalación y mantenimiento de ascensores en el plazo máximo de seis meses, con el fin de mejorar la seguridad y calidad del servicio”, tras reunirse con los agentes económicos y sociales de dicho sector, tales como usuarios, propietarios de instalaciones, administradores de fincas, asociaciones de consumidores, arquitectos, constructores, fabricantes, instaladores, sindicatos.