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El 20 de abril de 2018

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Detenido por usar una tarjeta que no era suya para pagar la autopista

Es un vecino de Logroño de 37 años, que utilizó la tarjeta para pagar 9 peajes.

OPC Guardia Civil

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Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja han procedido a la detención de un varón de 37 años, de nacionalidad española y vecino de Logroño, como presunto autor de un delito de estafa y otro de revelación y descubrimiento de secretos.

El pasado 11 de marzo agentes del Puesto de Villamediana de Iregua tienen conocimiento mediante denuncia del uso fraudulento de una tarjeta de crédito. La victima explicaba en su declaración que su entidad financiera le reclamaba 131,54 euros por el pago en nueve peajes de la Autopista AP-68, todos ellos hechos con una tarjeta de crédito a su nombre, que nunca había llegado a recibir en su actual domicilio.

Una vez formalizada la denuncia, por parte de los agentes se procede a localizar los peajes en los que se ha utilizado la tarjeta, hecho que permite identificar al autor de los pagos tras el visionado de las cámaras de seguridad.

La investigación determina que el ahora detenido recibió en el buzón de su domicilio, diversa correspondencia cuyo destinatario era el antiguo inquilino del inmueble (la víctima). Una de estas cartas era la que contenía la tarjeta de crédito que utilizaba ilícitamente en el pago de los peajes.

Esta persona tras acogerse a su derecho constitucional de no declarar ante los investigadores, procedió a entregar de forma voluntaria la tarjeta sustraída, poniéndose seguidamente las actuaciones a disposición de la Autoridad Judicial.

Sanciones por la violación de correspondencia

El Código Penal establece penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses al que descubra secretos o vulnere la intimidad y se apodere de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico, documentos o efectos personales sin autorización de su propietario.

Sanciones por estafas

Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

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