Investigadores universitarios exigen que se acabe con la precariedad laboral del colectivo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige al Gobierno que cumpla con el mandato del Congreso de los Diputados y regule, tal y como se había comprometido, un Estatuto del Personal Investigador en Formación que acabe con la precariedad laboral de este colectivo que asciende a unas 10.000 personas; 30 de ellos pertenecientes a la Universidad de La Rioja (UR).
Estos investigadores de la UR, se concentrarán este miércoles 14 de marzo, a las 12:00 horas, frente al edificio del Rectorado, para protestar por su situación.
El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 14 de marzo del año pasado una moción, consecuencia de interpelación, con el voto de todos los grupos parlamentarios, por la que se insta al Gobierno a solucionar esta situación. Ya llevamos un año de retraso.
Se trata de jóvenes que trabajan desarrollando su tesis doctoral en universidades y Organismos Públicos de Investigación con contratos con una duración máxima de cuatro años, una jornada laboral de 37 horas semanales y un sueldo por debajo de los 1.000 euros brutos mensuales. Estas personas no tienen la posibilidad de percibir los incrementos que sí se aplican al resto de empleados públicos, ni cobrar complementos por las horas de docencia que asumen después de superar un concurso público de méritos.
De hecho, las universidades abusan de estos jóvenes investigadores para cubrir horas de docencia y por tanto la falta de personal en las aulas. Hace más de un año, el Gobierno ya penalizó a este colectivo, restringiéndole derechos como el acceso a la tarjeta sanitaria europea o la indemnización por finalización del contrato, sin previo aviso y con carácter retroactivo.
CSIF participa en la negociación del nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación con el Ministerio de Economía, que debe recoger la creación de un código específico (que les de rango específico de trabajadores y no becarios a efectos de Seguridad Social), recuperar la indemnización por finalización de contratos, la equiparación salarial entre convocatorias y un límite a las horas de docencia que evitara los abusos laborales y desvirtuar el objeto de los contratos, que es la realización de tareas de investigación.
El borrador que ha presentado el Ministerio, frente a las promesas iniciales, no recoge un mínimo en las retribuciones y se incrementan de manera considerable el número de horas de docencia que se pueden asumir, abriendo así la puerta al abuso para cubrir el déficit de efectivos sin contratar a más personal.
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