La Fiscalía defiende la nulidad de los despidos de las dos trabajadoras del Hospital de Calahorra

En las últimas horas se han celebrado los juicios por los despidos de dos empleadas públicas de la Fundación Hospital de Calahorra. Estas trabajadoras despedidas instaban en sus demandas que ambos despidos fueran declarados nulos por haber existido vulneración de derechos fundamentales y, en consecuencia, fueran readmitidas.

Y, aunque todavía falta la sentencia de la jueza, la Fiscalía ha reconocido “todos los argumentos esgrimidos por nuestra abogada y ha avalado la tesis del despido nulo”, explica el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Socio Sanitarios de Comisiones Obreras, Antonio Cabrera.

CCOO se personó en la causa

De esta forma, apunta Cabrera, “queda claro que no había ningún motivo para el despido porque nunca nadie se negó a ninguna orden, no hubo ninguna orden por escrito y, es más, hemos podido demostrar las presiones del gerente”.

Las trabajadoras despedidas, ambas con competencias como coordinadoras de área, habían presentado, a través del Comité de Empresa del centro, dos denuncias ante el Patronato de la Fundación Hospital de Calahorra. En la primera se relataban diferentes presiones gerencial es relacionadas con un proceso de contratación, en curso, para el mantenimiento de los equipos de electro medicina de FHC.

La segunda denuncia, presentada por la otra profesional despedida, relataba cómo el director gerente le ordenó que realizase compras directas por importe de varios miles de euros a personas cuyos nombres de pila y teléfonos extrajo él mismo de su propia agenda telefónica, evitando así los controles de contratación vigentes en FHC.

De esta forma, y una vez que la jueza dicte sentencia, avanza Cabrera, “estas dos trabajadoras deben ser readmitidas porque el despido es nulo y deben volver a su puesto de trabajo”. Una vuelta que confía sea “sin ningún tipo de persecución porque ahí estará el Comité de Empresa”.

Aunque en estos momentos las dos trabajadoras “están muy contentas”, Cabrera reconoce que ha sido un proceso “duro y largo”. De hecho denuncia “la obcecación del Gobierno de La Rioja de no querer buscar una salida y airear todo este asunto”. Al final, “la justicia obligará al Gobierno de La Rioja a adoptar las medidas que, desde el principio, veníamos exigiendo desde Comisiones Obreras” y lamenta que “no se haya solucionado con un acuerdo entre ambas partes”.