La seguridad del tráfico en entredicho

La Sección sindical del SPPME Logroño ha advertido, a través de un comunicado, que la Policía Local “no puede garantizar la seguridad del tráfico debido a la nefasta gestión del servicio por parte de nuestra alcaldesa, Cuca Gamarra, quien parece estar preocupada únicamente por su salto a la política autonómica”.

Esta Unidad de Tráfico, que “se ha reducido en más del 50 por ciento desde la llegada del PP a la Alcaldía, tiene como única misión diaria el uso ineludible del vehículo conocido como multacar, sin ningún tipo de criterio objetivo, exceptuando el aumento del volumen en el número de denuncias, bajo el atento control de una Jefatura que con una política basada en el miedo, supervisa cuántas denuncias impone cada agente, sin importar el cómo, el dónde y el por qué

“.

Los agentes destinados a la vigilancia del tráfico “apenas pueden dedicarse a estas labores, a pesar de que en opinión de los miembros de esta sección, la herramienta para reducir el índice de atropellos debiera ser la vigilancia a través de los agentes y no la mera recaudación”.

Sin embargo, lo que ocurre es que, mientras se desechan las solicitudes de reforzar esta Unidad y aumentar la plantilla dentro de los márgenes legales que permite la legislación actual, Gamarra, además de “falsear los datos”, aprovecha “las desgraciadas estadísticas respecto al número de atropellos para justificar una nueva fuente de ingresos vía radares y mecanismos que facilitan el aumento de número de denuncias sin la intervención de un agente de policía, como indica, entre otros datos, el aumento en más de medio millón de euros en la previsión presupuestaria de la recaudación por multas”.

“No nos sorprendería nada que en las próximas semanas se anuncie a bombo y platillo una formación extraordinaria encaminada a que más agentes usen el radar”.

Por otro lado, servicios que “pueden resultar de extrema urgencia, como el de retirada de vehículos, han sufrido un aumento del tiempo de reacción de hasta 40 minutos desde que se produce el requerimiento hasta la retirada del vehículo, ofreciendo mayores garantías a los infractores que a los afectados por el comportamiento poco cívico de los primeros

“.

Este retraso, “sin ningún género de dudas, se debe al cambalache que ha supuesto alquilar una planta de un parking privado deficitario a costa de modificar un sistema municipal y gratuito que durante años ha funcionado visiblemente mejor que el actual”.