Rioja2

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El 30 de diciembre de 2016

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El juicio del apuñalador de Lleida comenzará el 27 de febrero

Las acusaciones particulares piden para el acusado 86 años de cárcel y la Fiscalía 81 por los de los delitos de tentativa de asesinato agravado (14 años por cada tentativa), un delito de lesiones agravadas (5 años más) y un delito de incendio (6 años de prisión).

Universitario logroñés acusado de apuñalar a cinco personas

EP

Alejandro R. V., el estudiante riojano de medicina que clavó un cuchillo a cinco personas en Lleida la tarde del 22 de septiembre de 2014, cuatro de ellas inmigrantes, será juzgado en Lleida durante cuatro días, del 27 de febrero al 2 de marzo, según ha avanzado su letrado, Jon Zabala, a Europa Press.

Las acusaciones particulares piden para el acusado 86 años de cárcel y la Fiscalía 81 por los de los delitos de tentativa de asesinato agravado (14 años por cada tentativa), un delito de lesiones agravadas (5 años más) y un delito de incendio (6 años de prisión).

En su escrito de acusación, Fiscalía sostiene que antes de los sucesos de Lleida, el acusado había fundado en su ciudad natal, Logroño, una entidad denominada Nueva Época, "vinculada ideológicamente a la extrema derecha y con un ideario nacionalsocialista y un claro discurso identitario de preferencia nacional".

El fiscal apuntaba también que cuando fue detenido, en el piso que tenía alquilado, los Mossos encontraron en las paredes dibujos con simbología neonazi acompañados de textos amenazantes.

El joven espera el juicio en la prisión de Zaragoza, a la que fue trasladado hace un mes y medio tras reiteradas peticiones de su defensa para que se le trasladara a Logroño, la ciudad donde vive su familia, según ha explicado Zabala, que considera injustificado que el traslado no haya sido a Logroño.

Según el abogado, aunque a la familia se le ha dicho que no se ha enviado a Alejandro R.V. a Logroño por las obras de esa prisión, en esta cárcel están entrando otros presos.

La familia había reclamado el traslado desde Lleida a Logroño y su petición llegó hasta el Defensor del Pueblo, institución que abrió una investigación en junio para conocer las razones por las seguía en prisión provisional en el Centre Penitenciari de Ponent.

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