Las políticas de discapacidad no suelen tener en cuenta a las mujeres

Las políticas de discapacidad no suelen tener en cuenta a las mujeres

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha afirmado que “la incidencia política del sector social de la discapacidad debe adaptarse a los nuevos modelos de hacer política que se han consolidado tras los profundos cambios que está viviendo España y Europa”.

Así lo recoge la 'Declaración de Logroño' a la que la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino, ha dado lectura para clausurar la primera jornada del 'XII Congreso de CERMIS Autonómicos', que se celebra hasta mañana en Logroño.

La lucha contra las diferentes formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad; la sostenibilidad económica del tejido asociativo de la discapacidad; exigir la plena aplicación de la convención de la ONU de los Derechos de las Personas con discapacidad; trabajar para evitar la brecha digital que sufren algunas personas con discapacidad por falta de accesibilidad, y escuchar a los menores con discapacidad, son algunos de los retos prioritarios para el CERMI.

La jornada también ha sido clausurada por Carmen Corral Miguel, directora general del Gobierno de La Rioja; Javier Muñoz, secretario de CERMI

Previamente, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha ofrecido una ponencia en la que puso de manifiesto la “importancia” de los diferentes CERMIS Autonómicos para conseguir que se escuchen las demandas de las mujeres con discapacidad, atendiendo a las políticas que se van poniendo en marcha en los diferentes territorios.

A su juicio, las políticas públicas no suelen tener en cuenta a las mujeres con discapacidad, “tal y como ha denunciado la propia ONU, que ha criticado que no se introduce esta perspectiva en aspectos como la violencia de género o la empleabilidad”. Por ello, ha abogado por que se aplique una doble perspectiva de género y discapacidad en todos los ámbitos, “empezando por la formación de diferentes profesionales, como los médicos, policías o jueces”, que tienen que tratar muchas veces con mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia.

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