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El 11 de octubre de 2016

Tiempo de lectura: 03:16
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La Rioja no puede paralizar la LOMCE

El informe jurídico solicitado por el Gobierno de La Rioja concluye que la Administración autonómica no puede paralizar la aplicación de la LOMCE, como aprobó el Parlamento.

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El informe jurídico que el consejero de Educación, Formación y Empleo, Abel Bayo, solicitó a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para aplicar el mandato del Parlamento de La Rioja concluye que la suspensión de la aplicación de la LOMCE está fuera de las competencias del Ejecutivo riojano. El Parlamento riojano acordó, con los votos a favor del PSOE, Podemos y Ciudadanos, instar al Ejecutivo regional a paralizar la ley educativa.

Así lo ha trasladado hoy el propio Abel Bayo a la Comisión de Educación, en la que ha comparecido a petición propia para detallar el contenido del informe. Este señala que, en términos generales, las leyes “válidamente promulgadas, publicadas y vigentes son de obligado cumplimiento”, tal y como garantiza la Constitución, que asegura que la Administración Pública “sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con sometimiento a la ley y al derecho”. De esta forma, “la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene una obligación primera y principal que es cumplir la Ley y “la única forma de dar cumplimiento a la resolución del Parlamento sería incumplir una norma legal plenamente vigente”.

En cuanto a las posibilidades existentes para suspender la aplicación de la LOMCE, el informe indica que podría hacerse “por medio del oportuno recurso de inconstitucionalidad” y “a través de su derogación”, pero señala que “ninguna de estas posibilidades está en manos del ejecutivo autonómico”.

En concreto, no se puede interponer un recurso de inconstitucionalidad y pedir la suspensión cautelar de la LOMCE porque el periodo para hacerlo es de tres meses a partir de su publicación (10 de diciembre de 2013) y, por lo tanto, se está fuera de plazo. Por su parte, la derogación de una ley orgánica solo puede hacerse mediante la aprobación de otra ley orgánica, esto es, una ley aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento de España, órgano en el que el Gobierno de La Rioja no tiene iniciativa legislativa.

El informe se hace eco también de distintas sentencias que han declarado las normas de desarrollo de la LOMCE conformes al ordenamiento jurídico y que han confirmado que corresponden al Estado las competencias de ordenación general del sistema educativo, fijación de las enseñanzas mínimas, regulación de las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, entre otros. Este es el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional 184/2012 (y las posteriores 212/2012 y 214/2012) en respuesta al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de calidad educativa (LOCE, Ley Orgánica 10/2002) interpuesto por la Comunidad Autónoma de Aragón.

Tampoco es posible que el Parlamento autonómico apruebe una Ley que suspenda la aplicación de la LOMCE porque “no puede legislarse contra la ley”, ni que el Ejecutivo riojano deje de regular la materia porque “hay reglamentos de ejecución de esta ley, aprobados por Real Decreto, y con rango de normativa básica que también están fuera del alcance derogatorio del Ejecutivo riojano”.

Para Abel Bayo el informe jurídico evidencia que “estamos hablando de cuestiones tan básicas en el ámbito democrático como la separación de poderes, las competencias de las administraciones, el cumplimiento de la ley y el derecho Constitucional” y que, en ese sentido, es claro y contundente: el Gobierno de La Rioja no puede cumplir con el mandato del Parlamento y suspender la aplicación de la LOMCE”.

“A día de hoy no es posible plantearse alternativas legales a la LOMCE y a su calendario de implantación” y, por tanto, “insistir en lo contrario, además de no ser posible desde un punto de vista legal, solo genera inseguridad e incertidumbre entre la comunidad educativa y las familias”. Por ello, ha abogado por trabajar para que las evaluaciones finales de Educación Secundaria y Bachillerato que entran en vigor este curso se celebren en la comunidad con las máximas garantías.

En este sentido, ha asegurado que el Ministerio de Educación tiene que publicar antes del 30 de noviembre la orden que establece las características, el diseño y el contenido de estas pruebas y ha asegurado que “en el momento en el Gobierno de La Rioja la reciba, iniciará los trámites necesarios para informar a la comunidad educativa y a la sociedad riojana y articular la prueba de forma que esta se celebre en la región en las mejores condiciones posibles”.

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