Más plantilla para garantizar la libre elección

Más plantilla para garantizar la libre elección

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Marea Blanca en La Rioja ha registrado siete alegaciones al borrador del decreto que regulará la libre elección sanitaria, con el objetivo de hacer efectivo este derecho, ya que consideran que el texto redactado por Salud es “escuálido en avances, derechos y garantías”.

Así, este colectivo considera que la libre elección de profesionales sanitarios “puede quedar en papel mojado si la consejera no admite incrementar las plantillas cuando el cupo de pacientes esté en el máximo”. Por ello, proponen una reducción “considerable” en los cupos, ahora en 1.500 pacientes por profesional, y un aumento del tiempo establecido para cada consulta. Así mismo, apuestan por una formulación automática para que se produzca el incremento de profesional sanitario necesario cuando se sobrepase el cupo máximo establecido.

Por otro lado, Marea Blanca cree que el decreto “ningunea al colectivo de enfermería” y proponen extender la libre elección de médico a todos los profesionales sanitarios: enfermera, matrona, pediatra y trabajador social.

Además, quieren que la libre elección también se realice con los centros sanitarios, hospitales y centros de salud de titularidad pública y en las pruebas diagnósticas por imagen, donde la consejera permite la competencia con la empresa privada. Marea Blanca Rioja descarta por completo la adscripción a centros privados. (Manzanos, Valvanera, Virgen del Carmen, etc.) -

Por tanto, “en el caso de las infraestructuras para el diagnóstico de los pacientes, y en tanto subsistan las actuales anómalas circunstancias, podrán optar por realizar las pruebas de diagnostico en la empresa privada o en el sistema sanitario público. Esta libre elección será de carácter temporal mientras se resuelve el reintegro de este servicio al sistema público”.

Por tanto, las pruebas radiológicas tendrán con carácter temporal la consideración de libre elección entre dependencias públicas o privadas.

Las alegaciones también reclaman que la regulación de la norma se haga a través de ley y no de decreto, “dado que la formula de ley es más garantista, está más protegida ante intereses corporativos y privados y permite un debate parlamentario y un proceso más amplio de debate y conocimiento”.

Además, y dado que esta regulación afecta directamente a toda la ciudadanía, han planteado la presencia social en los órganos de resolución de las solicitudes.

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