Varios inquilinos de Levalta podrán ser desahuciados por tener contratos “ilegales” sin saberlo

Más de un centenar de familias estaban llamadas esta mañana a comparecer en una vista oral en el Juzgado número dos de Logroño. Son los inquilinos de un bloque ubicado en el barrio logroñés de El Campillo, entre las calles Rosalía de Castro, Segundo Arce y Francisco Sáez Porres. El edificio era propiedad de Levalta hasta que fueron embargados todos los bienes de la promotora en el año 2014 hasta que esta asumiera sus deudas por valor de 4,7 millones de euros.

A partir de ese momento, los inquilinos se enfrentaron a una complicada situación en la que tenían que pagar en muchos casos el alquiler a la Sareb, nueva propietaria del inmueble, y la comunidad a Levalta. Todo eso, a la vez que hacían frente a una orden de desahucio a pesar de estar todos al corriente de todos los pagos de sus viviendas, en régimen de alquiler con opción a compra.

Ahora, una vez vista por el juez la situación de cada uno de ellos, se dictaminará legalmente quiénes son los que pueden seguir en sus viviendas y quiénes tendrán que dejarlas en el plazo que establezca la justicia. Todo dependerá de la fecha y la naturaleza de sus contratos de alquiler.

Todos aquellos que tengan contratos anteriores a junio de 2013, continuarán en sus viviendas con las mismas condiciones que hasta ahora. La Sareb, como nueva propietaria, asumirá esos contratos en su totalidad. Sólo tendrán que presentar en el Juzgado todos los justificantes de pago y recibos del año 2015 acompañados de un certificado de empadronamiento.

El problema llega para los contratos posteriores a esa fecha en la que entró en vigor la reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano que establece que los bancos no tienen que hacerse cargo de los inquilinos cuando estos pasen a su propiedad por ejecuciones hipotecarias. Exáctamente el caso que nos ocupa.

Aun así, la Sareb ha mostrado su intención de ponerse en contacto con esos inquilinos para renegociar sus contratos o hacer otros nuevos con la intención de que puedan permanecer en las viviendas.

Sin embargo, según han explicado los abogados del banco a Rioja2, “hay personas que creen que son inquilinos pero no lo son porque Levalta ha hecho contratos en B y se ha quedado con todo el dinero, se ha quedado incluso con fianzas y no ha registrado esos contratos en ninguna parte, por lo que esos inquilinos tendrán que irse porque no se ajustan de ninguna manera a la legalidad”.

La abogada de los vecinos, Almudena Rueda, considera sin embargo que la Sareb debía haber actuado antes si tenía constancia de esos contratos fraudulentos porque “para eso existe un Código Penal”.