Seis de cada mil riojanos registra su testamento vital

Un 6,21 por cada mil habitantes en La Rioja registra su testamento vital, según datos del Ministerio de Sanidad de octubre de 2015, y en el que Cataluña es la comunidad con una mayor implantación.

El testamento vital es un documento en el que el paciente refleja previamente sus deseos en el tratamiento médico a recibir en caso de posteriormente encontrarse en una situación de incapacidad para poder decidir, y puede nombrar a un representante.

En una conferencia, el doctor en Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro del consejo asesor del Grupo Mémora, Josep Arimany, ha explicado este martes que la tasa del 0,4% está muy lejana de países anglosajones, como Estados Unidos, donde depende del estado tienen porcentajes de implantación de entre el 40% y 45%.

Catalunya, donde primero se legisló en 2000, es la comunidad autónoma con una mayor implantación del documento, con 58.112 registrados y un porcentaje de implantación de 7,73 por cada 1.000 habitantes, casi doblando la media estatal de 4,13 por cada 1.000.

Después de Cataluña, se sitúa el País Vasco, con una tasa de implantación de 7,08 por cada 1.000 habitantes, y La Rioja, con un porcentaje de 6,21.

A la cola de implantación, se sitúan Galicia, con un 1,63 por cada 1.000 habitantes, y Extremadura, con 1,26.

Por edades, del total de 192.976 personas, cerca de la mitad, 88.122, son mayores de 65 años; 60.067 entre 51 y 65 años; 39.452 entre 31 y 50 años; 5.299 entre 18 y 30 años, y 36 son menores, de aquellas comunidades que lo permiten.

Arimany ha lamentado la “poca implantación” del documento así como el gran desconocimiento de su existencia, y ha pedido que tanto desde las administraciones como entre los profesionales médicos se haga una mayor difusión del mismo.

Ha defendido su utilidad por que es un instrumento que aumenta el conocimiento, posibilita la interpretación de los deseos de la persona, permite la planificación anticipada de atención sanitaria, evita a aplicar procedimientos no deseados y ayuda a descargar a la familia.

“Derecho de los pacientes”

Josep Arimany ha remarcado que el DVA es “un derecho de los pacientes y un deber de los profesionales”, y ha afirmado que la colaboración transversal entre diversos ámbitos es vital para una mayor implantación de la medida.

Ha subrayado que Cataluña ha sido la que ha tenido una mayor “sensibilidad” a la hora de informar del documento de últimas voluntades, y ha lamentado que no haya habido el consenso entre las diferentes comunidades autónomas para denominarlo de una manera común.