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El 8 de octubre de 2015

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La mayoría de comunidades pide más dinero para la dependencia, La Rioja no

La comunidad riojana junto con Madrid han felicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy porque "ha destinado más dinero que nunca a los dependientes"

gente mayor

Europa Press

Las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura han reclamado al Gobierno central más financiación para políticas sociales y, especialmente, mayor inversión en materia de dependencia. Así lo han manifestado los diferentes representantes autonómicos a su llegada al Ministerio de Sanidad, donde se ha celebrado un Consejo Territorial de Servicios Sociales  y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia presidido por el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

La Rioja y Madrid expresan su "satisfacción" 

Sin embargo, los Gobiernos 'populares' de La Rioja y de Madrid han expresado su satisfacción por la gestión del Gobierno central en políticas sociales: "La dependencia estaba en una situación catastrófica al principio de la legislatura y se ha conseguido garantizar el sistema e ir mejorándolo a lo largo del tiempo", ha subrayado el consejero madrileño Carlos Izquierdo.

Por su parte el consejero de Políticas Sociales riojano, Conrado Escobar, ha destacado la "sensibilidad social" del Ejecutivo central. La financiación en materia de dependencia, ha dicho, "arrancó de manera insuficiente cuando comenzó su andadura por parte de la administración socialista", momento en que se admitió "como buena una ley que arrancaba con clarísimas deficiencias en su modelo de financiación". Escobar ha reivindicado los principios de sostenibilidad, solidaridad y suficiencia al mismo  tiempo que ha apostado por el "consenso" en todas las cuestiones referidas a la financiación.

La mayoría pide más financiación

Sin embargo, la mayoría de comunidades han aprovechado la celebración del Consejo Territorial para pedir más financiación. La consejera de Bienestar Social y Familia y vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha asegurado que su Comunidad Autónoma "en los últimos años ha dejado de percibir aproximadamente 240 millones de euros" en dependencia debido a los "recortes" presupuestarios que, a su juicio, han afectado al sistema de servicios sociales en general.

De hecho, sobre el aumento de financiación en dependencia previsto en los presupuestos de 2016, Munté lo ve "irrisorio": "Es un incremento muy pequeño para el reto que existe de incorporar a los moderados leves al sistema de dependencia", ha apuntado, insistiendo en que el balance de la legislatura actual es "altamente negativo".

Por su parte, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha demandado la creación de un grupo de trabajo para evaluar los resultados en la aplicación de la Ley de Dependencia y avanzar hacia un pacto de Estado en esta materia.

Para Sánchez Rubio, es necesario garantizar el cumplimiento del compromiso de financiación basado en un 50 por ciento Estado y otro 50 la Administración regional y, al respecto, ha explicado que Andalucía financia más de un 78 por ciento del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22 por ciento.

Desde Aragón, la consejera María Victoria Broto ha afirmado que en su Comunidad Autónoma hay un 31 por ciento de dependientes con derecho reconocido que no reciben prestación: "Me gustaría hablar de servicios sociales, del deterioro y del compromiso del Gobierno con la financiación", ha dicho a los periodistas a su llegada a la reunión, para después recalcar que la reducción del crédito de los servicios sociales en entidades locales ha sido de un 67 por ciento.

En cualquier caso, ha subrayado que Aragón es una de las regiones con mayores dificultades tras este "desmantelamiento". Y aunque cree que "hay tiempo" para reconducir esta situación, ha apuntado que todas las autonomías reciben una aportación inferior al 50 por ciento por parte del Estado y, por este motivo, ha instado al Ejecutivo central a que asuma sus responsabilidad en financiación.

En esta misma línea se ha pronunciado la consejera asturiana de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, quien ha recalcado que han sido las comunidades las que han asumido "gran parte" de la inversión social en dependencia: "Pareciera que el Gobierno quiere pasar página sobre la ley de dependencia", ha dicho al respecto. Así, ha pedido "menos triunfalismo" al Gobierno y más afrontar una "realidad dura y difícil" que, a su juicio, "requiere "mayor aportación del Estado a políticas sociales".

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