El Ayuntamiento reservará cuotas para desempleados y discapacitados a la hora de contratar

La contratación social municipal reservará cuotas de empleo, en torno al 5 por ciento, para discapacitados, mujeres de más de 30 años o parados de larga duración, entre otros requisitos, que serán de obligado cumplimiento o puntuables, según los casos.

Así figura en el Plan de Mejora “Caminando hacia un sistema de Responsabilidad Social Municipal: las contrataciones social y verde y su incidencia en la calidad en el empleo y en el medio ambiente sostenible”, que este martes ha presentado la concejala de Transparencia, Hacienda y Administración Pública, Mar San Martín, junto con el director general de Contratación, Bernabé Palacín.

Un documento, aprobado recientemente por la Junta de Gobierno, que incluye criterios concretos que entrarán a valorarse en los pliegos de condiciones de los distintos contratos municipales, sobre todo en aquellos que afecten a la contratación de personal, en los que el 70 por ciento del contrato se destine a este concepto. Ya han sido incorporados al primer contrato, el relativo a los Servicios Postales.

A partir de ahora, se primará en la adjudicación de contratos “las proposiciones que generen empleo y se penalizarán las que impliquen su pérdida o unas condiciones laborales inadecuadas” así como “las que promuevan el uso eficiente de los recursos a fin de la conservación de nuestro medio ambiente”.

Este Plan de Mejora persigue tres objetivos esenciales, “partiendo del mantenimiento de las condiciones de trabajo de los muchos empleados al servicio de las empresas contratistas municipales; por la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, evitando ser discriminada; y por la generación de empleo de las personas con discapacidad”.

En segundo término, por “impulsar la introducción de buenas prácticas de conservación del Medio Ambiente”, con la 'contratación verde' y, por último, “contribuir a la construcción de un sistema de responsabilidad social que devuelva a la sociedad una buena parte de los conseguido con su esfuerzo económico, mediante la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente de las más vulnerables”.

Metodológicamente, como ha explicado Mar San Martín, el Plan se desarrolla a través de diferentes líneas estratégicas que parten de una fase previa de diagnóstico. Este análisis ha dado origen al diseño de una serie de herramientas, que van desde acciones de sensibilización con los empleados y otros otros grupos de interés a través de encuentros y formación específica; hasta la modificación de los pliegos de condiciones, como ya se ha hecho con el de Servicios Postales.

Asimismo, se contemplan otras acciones de Responsabilidad Social como es el destino de un 0,7 por ciento del precio del contrato para proyectos que estimulen estas políticas o la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los impactos conseguidos y costes comparados de la tramitación de un contrato.

Condiciones obligatorias y elementos puntuables

San Martín ha detallado la incidencia concreta de estos criterios sobre los pliegos de condiciones. Así, ha distinguido entre condiciones especiales que los adjudicatarios estarán obligados a cumplir y otros elementos subjetivos o cuantificables sujetos a puntuación.

Entre los primeros, existen requisitos generales que los licitadores deberán comprometerse a mantener en todos los contratos y otros específicos a cada uno de ellos aunque también con carácter obligatorio.

Para todos los contratos será imprescindible detallar en la documentación previa las condiciones laborales relativas a turnos, horarios, salarios, jornadas, funciones...

Asimismo, se ha modificado el cálculo de la llamada “baja temeraria”, a fin de ser más estrictos en su control y evitar que el ajuste en la oferta económica pueda recaer sobre las condiciones laborales del personal. A partir de ahora se considerará “baja temeraria” a aquellas ofertas que superen la baja media del resto de licitadores y no a la media más cinco puntos como ocurría hasta el momento.

Como ejemplo de las condiciones especiales a cada contrato pero que obligatoriamente deben respetar los licitadores, Palacín ha recurrido al primer pliego que ya las incorpora. Así, en el de Servicios Postales, la empresa adjudicataria deberá incorporar a la ejecución de la prestación contratada al menos un 10 por ciento de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder a un empleo.

La empresa tendrá también que observar otros principios de tipo medioambiental, como utilizar recipientes reutilizables para el transporte de envíos, usar papel reciclado y realizar actividades formativas de al menos 10 horas lectivas sobre aspectos ambientales del servicio.

Por otra parte, y como criterios subjetivos puntuables, el pliego de los Servicios Postales, valorará la incorporación de vehículos híbridos eléctricos o bien los que utilicen biocarburantes o combustibles de origen fósil de baja emisión de gases de efecto invernadero.

Indicadores concretos y medibles

Como ha señalado el director general de Contratación, Bernabé Palacín, “tenemos objetivos concretos, indicadores medibles para garantizar tanto la calidad en el empleo como el impacto en la conservación del medio ambiente”.

Así, se pretende pasar del 2 por ciento de contratos de personas con discapacidad que marca la Ley a un 4 por ciento; a un 5 por ciento de parados de larga duración y a un 5 por ciento adicional a lo que marca la encuesta de población activa también de mujeres en sectores con baja representación.

En el ámbito de la sostenibilidad, llegar a que al menos un 50 por ciento de los contratos municipales incluyan cláusulas verdes, con el horizonte de 2018; y eliminar el impacto en toneladas de CO2 que se lanzan a la atmósfera por estos consumos municipales en un 6 por ciento para 2016 e ir progresivamente hasta el 20 por ciento fijado para 2020.

Además, el Ayuntamiento se propone que los criterios sociales y medio ambientales sea adoptados también por las empresas contratistas en un 30 por ciento, a fin de generar un efecto multiplicador con los proveedores de estas empresas.

Asimismo se ha valorado tanto el incremento económico como de esfuerzo de personal que puede tener la aplicación de estos principios de RSC que se ha estimado en un coste económico no superior al 2 por ciento y a un 15 por ciento de aumento de tiempo del personal municipal encargado de controlar su cumplimiento.

Como ha señalado Mar San Martín, con este Plan, “que va mucho más allá de lo que la Ley nos obliga”, el equipo de Gobierno busca también crear “una reputación, una cultura de responsabilidad social corporativa como una acción ejemplarizante para la sociedad”.