Rioja2

Jueves 13 de Agosto de 2020Actualizado 09:51

8 Innovación Educativa UR cabecera
El 6 de agosto de 2015

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La aplicación de la Ley de Dependencia en La Rioja, entre el bien y el notable

Castilla y León  (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50) son las tres comunidades que han conseguido un notable según los datos del XV Observatorio de la Dependencia.

PERSONAS MAYORES

Europa Press

La Rioja obtiene un 6,67 en aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia, mientras que once comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla suspenden y no pasan del 5, según los datos del XV Observatorio de la Dependencia recogidos por Europa Press.

Por su parte, Castilla y León es la única comunidad que ha completado la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia  con la incorporación, el 1 de julio, de los dependientes moderados, y con una atención cercana al 100 por cien.

Así, las comunidades que suspenden en el tratamiento de la dependencia son Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Cantabria, Galicia, Baleares, Aragón, Canarias, Murcia y Madrid y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las tres comunidades que consiguen un notable son Castilla y León  (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía (7,50), mientras que otras dos se mueven entre el aprobado y el notable, concretamente Extremadura (6,67) y La Rioja (6,67). Asimismo, rozan el aprobado, con nota del 4,58, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Galicia y Cantabria,  y suspenden Baleares (3,75), Aragón (3,75), Canarias (3,75), Murcia (3,75), Madrid (3,33) y Valencia (1,25).

A la hora de realizar la escala de valoración del desarrollo de la Ley, el Observatorio tiene diferentes variables como las personas atendidas sobre el total de población; las solicitudes sobre el total de población; los dictámenes; las personas pendientes de prestación de servicio; el equilibrio entre las prestaciones y los servicios; la integración de la red local de servicios sociales; el incremento de personas atendidas en los últimos doce meses; la aportación de cada comunidad por habitante y año; el incremento o pérdida de expedientes de grado III; la innovación y buenas prácticas; la información en tiempo real y el modelo de seguimiento.

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