Ofensiva de 15 países para expulsar inmigrantes y solicitantes de asilo a centros fuera de la UE

Ni siquiera ha entrado en vigor el Pacto de Migración y Asilo que recientemente pactó la UE para complicar el acceso al asilo y ya hay una ofensiva para endurecer aún más las condiciones de las personas migrantes que llegan a territorio comunitario. Quince gobiernos europeos han enviado una carta a la Comisión Europea en la que reclaman estudiar nuevas medidas, como la posibilidad de expulsar a centros en terceros países fuera de la UE a inmigrantes que sean rescatados en el mar para que no acaben en suelo europeo e incluso deportar a las personas que están a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo. En su manifiesto electoral, el Partido Popular Europeo también apuesta por el denominado 'modelo Ruanda' que ha adoptado Reino Unido.

“Los retos actuales en relación con el sistema de asilo y migración de la UE, incluido el fuerte aumento de las llegadas irregulares, son insostenibles. Nuestra principal responsabilidad y compromiso es mantener la estabilidad y la cohesión social y evitar el riesgo de polarización en las sociedades europeas y la pérdida de unidad en la familia de Estados miembros de la UE”, señalan los responsables de Interior de Dinamarca, República Checa, Bulgaria, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia.

La carta llega en vísperas de las elecciones europeas en las que se espera un incremento sustancial de la presencia de la extrema derecha y cuando el margen de maniobra del actual gobierno comunitario es, por tanto, más limitado dado que tras los comicios habrá un nuevo reparto del poder de la UE el 1 de noviembre se espera que haya un nuevo Colegio de Comisarios al frente.

Los ministros de esos quince países también llaman reforzar los acuerdos con terceros países que hasta ahora se centraban en que impidieran en la medida de lo posible la salida de migrantes hacia Europa y la colaboración en los procesos de retorno. Entre esos polémicos acuerdos está el sellado recientemente con Túnez, un país autoritatio al que la UE paga a cambio de que controle las fronteras, como sucede en el caso de Marruecos.

“Los países situados a lo largo de las rutas migratorias desempeñan un papel indispensable al acoger a un gran número de refugiados. La UE y sus estados miembros deben mejorar su contribución a unas asociaciones equitativas, constructivas y amplias con países clave, especialmente a lo largo de las rutas migratorias, cambiando nuestro enfoque de la gestión de la migración irregular en Europa al apoyo a los refugiados, así como a las comunidades de acogida en las regiones de origen”, señala la misiva.

“Podrían estudiarse posibles acuerdos sobre lugares seguros y mecanismos de tránsito inspirados en los actuales Mecanismos de Tránsito de Emergencia, cuyo objetivo sería detectar, interceptar o, en casos de peligro, rescatar a los migrantes en alta mar y llevarlos a un lugar seguro predeterminado en un país socio fuera de la UE, donde podrían encontrarse soluciones duraderas para esos migrantes, basándose también en modelos como el Protocolo Italia-Albania”, afirman en la misiva en la que abogan por pensar “de forma innovadora” para gestionar la migración.

Pero la idea de llevar a los migrantes a terceros países asociados no se limita a los casos en los que sean rescatados en el Mediterráneo –una labor que, por cierto, la UE ha olvidado y dejado en manos de las ONG– sino que también la contemplan para las personas que están en el proceso de solicitud de asilo.

“Con el fin de disminuir la presión global sobre nuestra gestión de la migración, es importante que los estados miembros tengan la posibilidad de trasladar a aquellos solicitantes de asilo para los que exista una alternativa segura en un tercer país. Por lo tanto, debe reevaluarse la aplicación del concepto de ”terceros países seguros“ en la legislación de la UE en materia de asilo, con vistas tanto a adoptar medidas concretas e inmediatas basadas en el actual acervo de la UE, como a reevaluar el marco jurídico cuando sea necesario, incluidos los criterios de conexión durante la revisión prevista del concepto de tercer país seguro en 2025”, reza la carta.