Los principales servicios que el Estado presta a los ciudadanos, la sanidad y la educación, dependen de las Comunidades Autónomas. Lo mismo ocurre con materias tan sensibles como el urbanismo, los servicios sociales o las políticas activas de empleo, competencias transferidas a las autonomías en un proceso que se ha desarrollado a distintas velocidades según los deseos y las prisas de los distintos territorios por adquirir más autogobierno. Paralelamente a este reparto autonómico de competencias, debería haberse producido una descentralización del debate mediático para enfocar más la opinión pública sobre la gestión de los distintos gobiernos regionales.