Antes de que vinieran los tiburones financieros, los economistas debatían cuándo y cómo debían retirarse los estímulos económicos con los que el Gobierno ha tratado de reactivar la economía y el empleo: las inversiones en obra pública, el fondo para los ayuntamientos y las ayudas para la compra de coches o la rehabilitación de viviendas, entre otras medidas enmarcadas en el publicitario Plan E. Como consecuencia de estas actuaciones, pero también del descenso en la recaudación de impuestos y del aumento de las prestaciones por desempleo, el déficit público se disparó en 2009 y España ha realizado en los últimos meses numerosas emisiones de deuda pública. 

Ante la perspectiva del inicio de una leve recuperación económica, el Gobierno se enfrentaba a la disyuntiva de priorizar el control del déficit o el mantenimiento de los estímulos. Una retirada demasiado temprana de éstos puede frenar las posibilidades de crecimiento y abortar el inicio de la recuperación. Pero su mantenimiento implica seguir incrementando el abultado déficit público y comprometer el pago de más intereses. Este interesante debate económico lo ha cortado súbitamente la voracidad de los mercados financieros y de los especuladores que allí habitan, con sus ataques al euro, sus exigencias de mayor rentabilidad a la deuda pública y sus apuestas bursátiles contra determinados países. 

Así las cosas, el control del déficit se ha convertido en el objetivo prioritario de todos los gobiernos, empezando por el griego, necesitado de ayuda exterior, y siguiendo por el resto de miembros de la Unión Europea. El duro recorte anunciado la semana pasada por Zapatero no es, por tanto, una ocurrencia más del presidente español, sino una medida necesaria y acordada por los países de la zona euro, que por fin, se dirigen hacia la formación de un gobierno económico común.

Para reducir el déficit, el Ejecutivo español ha cogido la tijera por el lado de los gastos, más rápido y eficaz que un aumento de impuestos, pero también menos redistributivo y más difícil de justificar ante su electorado socialista. Los millones de funcionarios y pensionistas afectados se preguntarán por qué les quitan a ellos un dinero que podríamos haber ahorrado en ocurrencias electorales como la devolución de 400 euros por contribuyente. Y la mayoría de ciudadanos, afectados o no por el recorte, no entienden por qué Zapatero no dirige la tijera hacia las rentas más altas y las SICAV, aunque sólo sea un gesto para hacer efectiva su cacareada frase de que paguen más los que más tienen. 

El presidente y el PSOE tienen muy difícil, casi imposible, justificar una reducción del gasto público si no lo acompañan de una reforma fiscal progresista y de una exigencia internacional para que se regulen los mercados financieros.