El sector audiovisual está viviendo una importante reestructuración con consecuencias directas en el mando de nuestros televisores. La anunciada fusión entre Telecinco y Cuatro y la que se está cocinando entre Antena 3 y La Sexta concentrarán aún más el oligopolio empresarial de las televisiones privadas, con la consiguiente pérdida de pluralidad en los contenidos que vamos a sufrir los telespectadores.

Resulta paradójico que estas uniones (con un resultado más parecido a una absorción que a una fusión) se vayan a producir sólo unos años después de que el Gobierno socialista permitiera el nacimiento de dos nuevos canales analógicos en abierto, en aras, supuestamente, de una mayor diversidad y competencia en el sector. Ahora esas cadenas más jóvenes van a emparejarse con las que ya existían, perdiendo su independencia empresarial, ante las dificultades económicas que atraviesan.

Paralelamente a este proceso de concentración en el mercado, se ha producido también un cambio sustancial en la televisión pública: de un modelo basado en la financiación mixta (publicidad y subvención del Estado) a otro en el que los anuncios han desaparecido por completo desde el 1 de enero de este año. Además, el Gobierno ha impuesto a TVE severas limitaciones a la compra de derechos deportivos y a los estrenos de películas internacionales, con el argumento de reforzar el servicio público y mantener a la cadena “a salvo” de la competición comercial.

Considerando todos estos cambios, Ramón Zallo, catedrático de Comunicación Audiovisual en la UPV, asegura que el gobierno socialista ha dado un “giro neoliberal” en materia de televisión. En un artículo de reciente publicación en la Revista Latina de Comunicación Social, Zallo identifica líneas políticas bien distintas: una primera en la que se decidió reforzar TVE y apostar por ella como motor del panorama televisivo, teniendo en cuenta las recomendaciones que hizo el llamado Comité de Sabios; y una segunda etapa –la actual- en la que el Ejecutivo ha decidido limitar el poder de la cadena pública y favorecer la concentración de las privadas.

Las fusiones no serían posibles sin las modificaciones legales que ha llevado a cabo el Gobierno en los últimos meses relajando las normas que restringían la concentración del sector. Estos cambios han sido reclamados por las mismas cadenas que en su día pugnaron por lograr sus propias concesiones y suponen un triunfo indiscutible de la patronal, UTECA, que ha logrado imponer a Zapatero su agenda legislativa.

Los deseos de los operadores privados no tienen límite. Después de conseguir cambiar el modelo de la televisión pública, para quedarse ellos con todo el mercado publicitario y deportivo, no se dan por satisfechos y quieren seguir imponiendo su criterio. El presidente de UTECA, Alejandro Echevarría, ha pedido a TVE “más contenidos públicos y menos comerciales” para que sea “una televisión pública” y no “una televisión comercial sin publicidad”. Su objetivo es convertirla en una cadena marginal para ganar ellos, no sólo publicidad, sino también audiencia.

Tiene su gracia: unos empresarios expertos en emitir basura en sus televisiones quieren decidir en qué debe consistir el “servicio público” de la cadena que nos pertenece a todos. En cualquier caso, sus aspiraciones son comprensibles; lo que no es de recibo es que el Gobierno socialista haya dado un giro de 180 grados para ponerse a sus pies.