Los mercados financieros han castigado duramente a España en la semana que hemos dejado atrás. Por un lado, los inversores han vuelto a exigir mayor rentabilidad a las nuevas emisiones de bonos del Tesoro, lo que se traduce en un encarecimiento del endeudamiento para el Estado. Un sobrecoste que pagamos entre todos y que ya sufrimos en diciembre cuando una de las agencias calificadoras (Standard & Poor's) amenazó con revisar la valoración de nuestra deuda pública. España se vio obligada entonces a ofrecer más rentabilidad en la inminente subasta de bonos.
También ha habido movimientos esta semana en el complejo mercado de los derivados financieros, donde el coste de asegurarse contra el impago de la deuda española alcanzó el viernes máximos históricos. El precio de estos “seguros” (Credit Default Swaps, CDS) y la rentabilidad exigida a los bonos sirven para medir la percepción de riesgo que los inversores internacionales tienen de nuestro país. Pero se trata de una percepción interesada: los compradores de bonos salen ganando si aumenta su rentabilidad y la subida de los CDS da cuantiosas ganancias a quienes los adquirieron mucho más baratos hace sólo unos meses.
Cuestionar la solvencia de la deuda española es un negocio rentable para algunos inversores. Conviene recordar, por ejemplo, que los productos derivados (futuros, opciones, swaps) nacieron para asegurar a los inversores frente a riesgos potenciales, como el impago de deuda, pero sus movimientos responden en muchos casos a motivos únicamente especulativos.
¿Existe riesgo real de impago? Son numerosos los argumentos para responder negativamente a esta pregunta y confiar en las garantías de España como deudor. Hay tres agencias reconocidas internacionalmente como evaluadoras de la deuda que emiten los estados y las empresas. Dos de ellas siguen dando a España la nota más alta posible (AAA) y sólo Standard & Poor's ha bajado su calificación al peldaño siguiente: AA+. Tampoco hay que perder de vista que el nivel de deuda pública de nuestro país es uno de los más bajos de Europa, por debajo del que acumulan Reino Unido, Francia o Alemania.
El dato de la economía española que más preocupa a los mercados internacionales es el déficit de las cuentas públicas con que se saldó 2009, entre los más elevados de la Eurozona. De ahí la necesidad de que el Gobierno de señales claras de que va a ser capaz de reconducirlo; sin dejarse llevar por las exageraciones pero teniendo presente que los movimientos de los mercados repercuten en el coste de nuestro endeudamiento y en la recuperación económica.
El plan de austeridad enviado a Bruselas y las reformas laboral y de pensiones van en esta dirección, aunque los “bandazos” de estos días no han ayudado nada al objetivo perseguido: transmitir confianza y credibilidad a los mercados. El reto político al que se enfrenta Zapatero es llevar a cabo estas reformas estructurales sin resquebrajar aún más el apoyo de la base social que le llevó al gobierno, como apuntaba Gonzalo López Alba este domingo en Público. No será tarea fácil para un presidente empeñado hasta ahora en no tomar medidas impopulares.
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