El Ayuntamiento no justifica la legalidad de la refinanciación del soterramiento en el Juzgado

El Ayuntamiento no justifica la legalidad de la refinanciación del soterramiento en el Juzgado

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Cuando el pasado mes de julio el Ayuntamiento anunció una refinanciación del préstamoo del soterramiento, los regionalistas decidieron emprender medidas legales y poco después, en el mes de septiembre, presentaron un recurso contra este acuerdo financiero ante los Juzgados de Logroño. Consideran que el Ayuntamiento “está hipotecando el futuro de la ciudad” ya que Logroño tendrá que pagar 79 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años.

Ahora, el presidente del PR+, Miguel González de Legarra, ha dado a conocer el contenido del alegato presentado por el Consistorio en este proceso. Ha asegurado que, a lo largo de seis folios, se limita a argumentar que los regionalistas no tienen representación en el Ayuntamiento de Logroño y, por tanto, no pueden recurrir este acuerdo de refinanciación.

En opinión de Legarra, “esto supone un insulto para los logroñeses ya que viene a decir que los 27 concejales del Ayuntamiento son como 'Juan Palomo' y como ellos han decidido hipotecarnos, nadie puede oponerse”.

Ha asegurado que, esta decisión del Consistorio “supondrá situar a Logroño a la cabeza de la deuda por habitante” ya que, según ha explicado, la ciudad tendrá que pagar ocho millones de euros al año entre 2016 y 2020 y 30 millones más en el año 2021, “con lo que asumiremos la mayor deuda que hayamo tenido nunca”.

En cualquier caso, para González de Legarra llama la atención que, a lo largo de esas seis páginas presentadas por el Consistorio ante el Juzgado, “en ningún momento defienden la legalidad de esa refinanciación”. Considera por tanto que “lo que no les interesa es que los Tribunales entren en el fondo de este asunto y por eso se han negado a entregar toda la documentación”.

Ha recordado además que, antes de ese acuerdo de refinanciación, el Ayuntamiento de Logroño “no tenía que pagar nada porque compensaba todo con los terrenos” mientras que ahora, la ciudad deberá pagar 79 millones de euros.

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