El caso de la Casa Cuna irá a juicio

El caso de la Casa Cuna, por el que el fiscal solicita tres años y un mes de cárcel a la directora y dos trabajadoras de este centro infantil acusadas de un delito de violencia habitual, tendrá juicio al no haber alcanzado, hoy, conformidad entre el Fiscal y Defensa.

La sala de lo Penal número uno ha acogido hoy la vista de cuestiones previas al juicio a las tres mujeres que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, utilizaban “pautas educativas y correctoras impropias de un profesional” a bebés y niños de hasta tres años en esta escuela infantil municipal de Logroño.

El abogado de una de ellas, José Gullón, ha explicado a los medios de comunicación al finalizar la vista que no había sido posible un acuerdo porque “aunque se rebajen las penas, aunque se diga que es una falta y no un delito, eso exige reconocer que se ha hecho algo mal, que se ha cometido un delito”.

“Por otra parte”, ha añadido, “pesa todo lo que ha aparecido en los periódicos, todo lo que se ha dicho, alguna ha cambiado su vida, se ha ido de Logroño, realmente es terrible”. Ha añadido que ellas “no son conscientes de haber cometido ningún delito”. El juicio aún está a espera de fecha ya que, desde Justicia, se tendrá que hacer un esfuerzo por encontrar hueco en una agenda que, en principio, está repleta para todo 2015.

En la vista celebrada hoy, la Defensa ha pedido que se investigue la autoría de las opiniones vertidas en larioja.com y el Facebook de este periódico para comprobar si coinciden con alguno de los testigos del caso. Es una cuestión que la juez ha admitido y que, en opinión de uno de los cinco abogados de la defensa de este caso, es “gravísima” por el contenido de los comentarios que han supuesto un juicio previo. Así, se investigará en pro de la objetividad, veracidad y imparcialidad.

Lo que no ha considerado oportuno la jueza, y que en este caso le pedía la Fiscalía, es llamar a un perito para que indique si los menores, en el caso de que se demuestren los hechos, van a tener secuelas sicológicas e, incluso, en su socialización. La jueza no lo considera necesario porque “no tiene sentido buscar secuelas” mediante un peritaje que, en su opinión, antepondría la opinión de este perito a la de la jueza que, en el caso de ver delito, ya estará valorando que los hechos delictivos tienen resultado.

En total, acudirán al juicio 42 testigos, tanto de la defensa como de la Fiscalía (no hay acusación particular), entre trabajadores de Casa Cuna, de Eulen (empresa que gestiona el centro), inspectores de Educación que acudieron, policía y padres de niños.

Escrito del Fiscal

El escrito del Fiscal habla de que la directora trataba a los niños “bajo una desproporcionada rigidez y severidad en sus métodos, gritaba a los menores de manera habitual, con una inusitada dureza verbal, llegando a hacer del golpe físico (cachete, bofetada, colleja o bofetón) una herramienta habitual”. Estas malas técnicas se hacían más patentes “justamente con los niños que presentaban mayor dificultad en adaptarse a la escolarización”.

Este comportamiento “despectivo, impropio y autoritario, contaba con el conocimiento y, en cierto modo, con la complacencia activa y omisiva de las otras dos acusadas” que trabajaban allí como profesoras. Éstas “influidas en parte por la posición subordinada compartían prácticas pedagógicas cotidianas que ”minusvaloraban el cuidado con el que se debe tratar a un menor“.

No son hechos “constitutivos de delito”

Gullón ha explicado, en sus declaraciones ante los medios de comunicación, que no encuentra que haya “hechos constitutivos de delito” y, por tanto, desde la Defensa se pedirá la absolución de las tres acusadas. “Una cosa son los hechos y otra las valoraciones jurídicas de los mismos y, además, hay hechos que no se reconocen” porque “en el escrito de la acusación pública se relata que era un reinado del terror y eso no se puede reconocer”. No obstante, no ha querido entrar a especificar qué hechos se reconocen y cuales no, porque compete, ha afirmado, al juicio oral.

Ha añadido que “no hay ningún padre que haya querido presentar acusación particular, que haya reclamado un dinero para su hijo y haya dicho que tiene unos perjuicios sicológicos”, por lo que solo hay acusación pública (Fiscalía).