Archivada la denuncia contra el número dos de Administración Pública y Hacienda

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Logroño ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones iniciadas a consecuencia de la denuncia presentada por el diputado socialista Jesús María García contra Ezequiel Fernández Navajas, Secretario General Técnico de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, y otros dos altos funcionarios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente al no existir indicios de la situación de acoso afirmada por el denunciante ni que el expediente disciplinario se iniciara como represalia alguna.

Los hechos se remontan al año 2009, cuando el Gobierno de La Rioja tramitó un expediente disciplinario contra Jesús García por la comisión de dos faltas en el ejercicio de sus responsabilidades como agente forestal. El expediente disciplinario finalizó con la imposición a García de una sanción de cuatro meses de suspensión de empleo y sueldo.

En el auto de archivo de las actuaciones, dictado tan solo una semana después de las declaraciones practicadas, el Magistrado titular del Juzgado de instrucción define la actuación de los tres denunciados como “prudente”, “pertinente”, “útil” y “razonable”.

Asimismo, expresa que “de la abundante documental aportada, unida a las declaraciones practicadas no se aprecia que existan indicios de la comisión de hechos subsumibles en tipo penal” por lo que “procede el sobreseimiento libre de las actuaciones”. Finalmente, declara que el tratamiento dado al diputado socialista fue igualitario con relación al resto de agentes forestales. En definitiva, y como recoge el auto, han señalado desdel Gobierno de La Rioja, “la actuación fue ajustada a derecho y no existe delito alguno”.

Para el Ejecutivo regional, con esta resolución judicial queda acreditado que Jesús María García ha tergiversado y manipulado los hechos a su propia conveniencia, y no ha dudado en utilizar torticeramente a tres personas con más de veinte años de intachable servicio público, para intentar instrumentalizar al poder judicial en su propio interés político.

Para ello, ha acusado a los empleados públicos de los más graves delitos contra la Administración Pública y contra los trabajadores, cuando ya son tres las veces que la Justicia le ha negado la razón al diputado socialista en relación a los mismos hechos. Concretamente, en primer lugar el Juzgado de lo contencioso–administrativo, y posteriormente la Sala de lo contencioso– administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y finalmente el Juzgado de Instrucción nº 1 de Logroño.