“La sentencia de la Ecociudad demuestra que Sanz buscó un interés personal”

El presidente del PR+, Miguel González de Legarra, ha afirmado este miércoles que la última sentencia judicial sobre la Ecociudad, que condena al Ejecutivo riojano a indemnizar a la empresa PROGEA con 300.000 euros, demuestra que el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, “buscó un interés personal” en ese proyecto.

González de Legarra ha realizado estas declaraciones junto al secretario general de su partido, Julio Revuelta, quien ha asegurado que esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TJSR), dictada hace unos días y recurrida por el Gobierno de La Rioja, demuestra que la Ecociudad era “un mal proyecto que recalificaba pura y duramente un monte, se invadían las competencias municipales y había una connivencia entre la administración regional y unos particulares”.

“Sanz no ha tenido ningún inconveniente en tomar decisiones inconcebibles”, ha indicado el presidente de los regionalistas, que ha proseguido en su declaración acusando al jefe del Ejecutivo riojano de preferir “que el PP perdiera la alcaldía en Logroño, con Julio Revuelta, antes que la Ecociudad, para asegurarse que sus 'protegidos' consiguieran el objetivo de recalificar los terrenos”.

Según González de Legarra, “Pedro Sanz sabía que con Julio Revuelta la Ecociudad no iba a salir adelante porque defendía los intereses de Logroño”. Además, ha proseguido, “inició un ataque contra la siguiente corporación municipal (PSOE - PR) que trabajaban para que otros proyectos más lógicos vieran la luz” y tuvo “la ciudad paralizada durante cuatro años”.

Desde el PR+ se hacen varias preguntas: “¿Cuáles son los intereses de Sanz con este proyecto? ¿Por qué razón son siempre las mismas empresas las que aparecen en estos chanchullos? ¿Cuánto dinero nos ha costado a los riojanos esta ambición?”. “Si recuerdan, han añadido, ”Sanz obligó al IRVI comprar terrenos en el monte del Corvo, a lo que se suman todas las maquetas, folletos e incluso azafatas contratadas para explicar el proyecto, jornadas informativas y congresos en Riojaforum, los encartes en periódicos locales y la publicidad que se pagaron con dinero público“.

El Gobierno, ha indicado González de Legarra, “ha compensado a todos los que han participado en este fallido proyecto: LMB se ha visto compensada con otras adjudicaciones permitiendo una nueva recalificación de una parcela pública para cambiar el uso para poder alquilar a Viamed Salud S.L. las instalaciones de la actual clínica Valvanera”.

Por todo ello, desde el PR+ exigen que Sanz “pague esta indemnización de sus bolsillos” y han asegurado que en la próxima legislatura, si el PR+ tiene responsabilidades de Gobierno en Logroño o en el Ejecutivo autonómico, levantarán “todas las alfombras de las administraciones públicas”, aclararán “los escándalos” y exigirán “responsabilidades”.

Revuelta, por su parte, ha explicado que si se hubiera ejecutado la 'Ecociudad' “se habría hecho un daño a la ciudad irreparable” y ha indicado que esta decisión fue “una recalificación 'pura y dura' de un terreno protegido, tal y como ha sido anunciado por el Tribunal Supremo”. En este proyecto, ha apuntado el secretario general del PR+ apoyado en la sentencia judicial, “se produjo una invasión de las competencias del Ayuntamiento de Logroño, porque el Gobierno de La Rioja campó a sus anchas e intervino en algo que no era de su competencia”.

“SE CAMBIÓ LA LEY DEL SUELO”

“Todo en un momento en el que en Logroño había mucho suelo para poder hacer viviendas”, ha continuado, “pero aún así se compró un monte, un terreno de los pocos que había protegidos, y en donde no se podía hacer nada”. “Curiosamente, después, se cambió la Ley del Suelo para que las zonas de interés regional ya no tuvieran que ser obligatoriamente gestionadas por la administración autonómica sino también por particulares”, ha añadido.

Por lo tanto, ha finalizado, “el Gobierno regional actuó con un paraguas, el de la declaración de Interés Regional pero convino su desarrollo con unos particulares” y la sentencia dice “claramente” que “la zona de Interés Regional, su declaración y el convenio urbanístico están íntimamente relacionados” y ya “los vincula claramente” y por ello “les sanciona”. Además dice que la administración regional “tenía la potestad de realizar o no el convenio y lo hizo porque quiso”.