| Madrid2noticias | 10/02/2012 |
La Reforma Laboral del Gobierno marcará un "antes y un después" en la historia de la legislación en materia. Con una fórmula que se añade a la de "reforma agresiva" de De Guindos y "reforma que va a costar una huelga general" de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría ha introducido una cambio legislativo que contempla rebajar la indemnización por despido improcedente de los 45 días actuales a los 33, hasta un máximo de 24 mensualidades. En el caso de que el despido sea procedente, la indemnización será de 20 días durante un año. En este sentido, la minsitra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que se entenderán por causas económicas cuando los resultados de la empresa indiquen una situación económica negativa, como la existencia de pérdidas actuales y previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. Se entenderá que es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha explicado además que con la nueva reforma no se podrán encadenar contratos temporales de más de 24 meses. También ha avanzado que los desempleados que cobren una prestación por desempleo "realizarán un trabajo social para la comunidad".
La reforma, que ha sido aprobada por decreto Ley, entrará en vigor este mismo lunes, tras su publicación, mañana, en el BOE.
Nuevo Contrato Indefinido
Las otras medias destacadas por la ministra de Trabajo han sido la creación de un nuevo tipo de contrato indefinido para pequeñas empresas (de menos de 50 trabajadores), en el que el periodo de prueba de cada trabajador será de un año. A los trabajadores que se encontraban en situación de desempleo y serán contratados con esta nueva fórmula será permitido seguir cobrando el 25% de la prestación por desempleo.
En el marco de aplicación de este mismo contrato se concederá una deducción de 3.000 euros a los autónomos que contraten a su primer trabajador menor de 30 años en situación de desempleo.Bonificaciones y EREs.
El Gobierno con esta reforma modifica también las bonificaciones y establece una ayuda de 4.000 euros para los empresarios que den trabajo a los llamados parados de larga duración. Asimismo, establece que las agencias de empresas de trabajo temporal puedan funcionar como agencias de colocación, dando un papel más central al sector privado en la recolocación de los desempleados.
En cuanto a los despidos colectivos, el Ministerio de Empleo ya no tendrá que autorizar los EREs.