En directo y desde el Palacio del Elíseo, y horas antes de
la cumbre de Bruselas , el presidente Nicolás Sarkozy ha anunciado a los franceses el pasado domingo
la adopción de nuevas medidas para frenar el tsunami de la crisis económica a tan solo tres meses de las Presidenciales y con
todas las encuestas anunciando que no vencerá en su segunda reelección. En la comparecencia del presidente francés, este explicó que es necesario aumentar o, mejor dicho,
seguir subiendo impuestos para garantizar la cobertura de protección social a aquellos que más están sufriendo los efectos de la crisis económica. La medida, que no cuenta con el beneplácito de la oposición y tampoco de la sociedad francesas, entrará en vigor el próximo 1 de octubre, meses después de haberse celebrado las Presidenciales francesas y con un más que posible jefe del Ejecutivo socialista en el Elíseo.
Además, Sarkozy
confirmó la tasa a las transacciones financieras del 0,1%, que se aplicará a partir del mes de agosto en Francia. El presidente francés justificó esta medida por la manera, dijo, "loca, desregulada" que han tenido las finanzas en los últimos tres años y la necesidad de que "participen en el reembolso de los déficit". Asimismo, Sarkozy espera que otros países adopten también esta medida o aprueben otra similar.
Pero, el presidente francés acabó confirmando la más polémica e impopular de todas las medidas ante la expectación de los franceses, que pudieron seguir la entrevista por seis canales diferentes de sus televisores. Sarkozy
confirmó este pasado domingo el aumento del IVA en 1,6 puntos, cuyo tipo general en Francia es del 19.6%. Todo esto, para conseguir que las empresas francesas despeguen y se alejen de la crisis, que tengan menos cargas impositivas y aumenten su competitividad.
También ha sido polémica
la decisión de derogar la semana laboral de 35 horas por un llamado "contrato de competitividad", mediante el que los empresarios podrán obligar a sus trabajadores a adaptarse a otros horarios en función de las necesidades del mercado laboral. En ello trabaja ya el primer ministro, François Fillon, que ha declarado que este nuevo tipo de contrato "se impondrá a la ley y a los acuerdos individuales".
