| Digital2 | 13/01/2012 |
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros de este viernes la intención del Ejecutivo de modificar la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, para permitir la privatización de los canales autonómicos de televisión. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado esta tarde su satisfacción al conocer la medida y ha apostado por una gestión privada de Telemadrid.
El Consejo de Ministros ha estudiado un informe, elaborado por los ministerios de Presidencia e Industria, Energía y Turismo, para modificar esta legislación que permita realizar cambios en el modelo de gestión de las televisiones públicas autonómicas. La intención del Gobierno de Mariano Rajoy con esta medida es permitir que las Comunidades Autónomas decidan libremente sobre cómo gestionar sus televisiones, en relación con el logro de una mayor eficiencia económica.
Esta medida permitará a las comunidades a privatizar la gestión de sus canales de televisión, continuar con la gestión pública o suprimir los entes públicos de radiotelevisión. Previamente al envío del Anteproyecto de lay al Parlamento, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Competencia han de aprobar sendos informes evaluando la modificación legislativa.
Sáenz de Santamaría ha destacado la libertad de elección que el Gobierno ofrece a las comunidades. “El Estado no establece por ley ninguna obligación, no se trata de constreñir el marco de gestión, sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad autónoma” ha afirmado. Aunque ha resaltado que ciertas regiones tienen su modelo de gestión establecido en el Estatuto de Autonomía, lo cual limita esta libertad.
Para el Gobierno la prioridad es que las televisiones públicas sean viables económicamente y primar la eficiencia y la eficacia en su gestión. Esta reforma es “urgente y necesaria” según la vicepresidenta. La unión de las televisiones privadas UTECA publicó un informe donde estimaba unas pérdidas de 536 millones de euros en las televisiones públicas.
La presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lleva varios años defendiendo este cambio legislativo con la intención de privatizar del Ente Público Radio Televisión Madrid, que, con una deuda de 245 millones de euros, engloba los canales de televisión de Telemadrid y laOtra y la emisora de radio Onda Madrid. Tras conocer el informe, Aguirre ha defendido de nuevo la gestión privada, calificándola de “la mejor” al recaer en profesionales, en vez de en el gobierno de turno.
Otros dirigentes autonómicos como María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, también apuestan por privatizar sus canales.
La mayoría de estas televisiones autonómicas se encuentran en grandes dificultades económicas. Por ejemplo, Canal 9, la televisión autonómica valenciana, afrontará un importante ERE para reducir su plantilla debido a la alta deuda acumulada , en Asturias, los empleados de la TPA llevan varios meses sin cobrar por la decisión del gobierno autonómico de Francisco Álvarez Cascos de reducir drásticamente el presupuesto.
Esta medida es la segunda en materia audiovisual tomada por el nuevo Gobierno tras la reducción en 200 millones del presupuesto de RTVE aprobada el pasado 30 de diciembre en el primer paquete de medidas económicas.